El PP se queja pero el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales niega haber actuado con favoritismo En Madrid, 12 corporaciones socialistas han obtenido 972.000 euros y dos ‘populares’, 80.000 euros El 70% de las subvenciones que el Ejecutivo ha concedido a los ayuntamientos para ayudas a la integración social de los inmigrantes ha ido a parar a municipios socialistas. Los consistorios gobernados por el PP tan sólo han recibido un 15% del total, mientras que las localidades regidas por ERC, CiU u otros partidos independentistas representan el 14% de las partidas económicas.

Esta situación se repite a lo largo y ancho de todo el territorio español, pero el reparto es especialmente desigual en Madrid: los socialistas ganan por goleada a los populares por 12 municipios a dos. Es decir, el PSOE se lleva 972.000 euros – un 94% de las partidas concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales – frente al PP que logra 80.000 euros, un exiguo 6%, según los datos a los que ha tenido acceso EL MUNDO.

El montante global de las subvenciones era de 6.391.220 euros, repartidos entre 82 municipios y 13 mancomunidades, en las que la balanza también se inclina hacia las de color socialista.

Como era de esperar, esta dispar distribución ha causado malestar entre las filas del PP. La consejera de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, ha denunciado la parcialidad de Trabajo a la hora de conceder las adjudicaciones: «Llueve sobre mojado. Ha habido sectarismo en el reparto del fondo de integración para las comunidades autónomas, ha habido sectarismo en el envío de subsaharianos y ahora lo hay en las ayudas a los municipios», se queja la responsable madrileña.

Figar ha acusado al Ejecutivo de incoherencia, porque con una mano «practica un sectarismo feroz» y con la otra está constantemente reclamando al PP un Pacto de Estado sobre Inmigración. «El reparto no ha sido leal ni equitativo. Es difícil de creer que en toda la Comunidad de Madrid sólo haya dos municipios beneficiados y, por ejemplo, Arganda del Rey, con una numerosa población rumana, sólo reciba 20.000 euros», ha manifestado la consejera.

El Ministerio de Trabajo ha dado una versión totalmente distinta y, por supuesto, ha negado que se haya producido algún tipo de favoritismo por el color político. Según fuentes del departamento que dirige Jesús Caldera, el único criterio que se ha seguido es el de que los consistorios cumpliesen los requisitos de la convocatoria y que se presentasen proyectos innovadores. Desde Trabajo también han alegado que, como era la primera vez que se concedían este tipo de ayudas, se han presentado muy pocos municipios para obtenerlas.

La comunidad autónoma más favorecida con las adjudicaciones es Cataluña, que ha logrado colocar en la lista a 25 municipios, 16 de ellos del PSOE y el resto gobernados por formaciones como CiU o ERC. Detrás de Madrid, con 14 localidades, se sitúa Castilla – La Mancha, con 10 pueblos seleccionados (ocho de color socialista y dos de signo popular). A continuación se ubica Andalucía, con ocho consistorios (cuatro del PP, dos del PSOE y dos de otras formaciones). La Comunidad Valenciana coloca a ocho ayuntamientos: cuatro populares, tres socialistas y otro regido por independentistas.

Madrid pide explicaciones

¿Barre el Gobierno para casa o los ayuntamientos del PP no se enteraron de la convocatoria? En ese último caso, a juicio de Lucía Figar, se habrían producido graves fallos en los mecanismos de publicidad de la orden: «Con la gestión de la política migratoria del Gobierno siempre salimos perjudicados los mismos». La Comunidad de Madrid piensa reclamar oficialmente los datos a Trabajo, para pedir explicaciones sobre cómo se han concedido las adjudicaciones.

La convocatoria, publicada en el BOE el 4 de noviembre de 2005, estaba destinada a financiar proyectos innovadores que facilitasen la inclusión social de los inmigrantes, previniesen situaciones de riesgo y promoviesen la convivencia ciudadana.

Entre los requisitos se exigía tener un mínimo de 5.000 personas empadronadas en el municipio y que el número de extranjeros residentes representase al menos el 5% de la población.

Tras la presentación de los proyectos, una comisión de valoración, integrada por miembros de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes – que encabeza Estrella Rodríguez – , evaluó las iniciativas y seleccionó las más apropiadas.