Unos 6 000 menores de la capital catalana viven en una situación marginal de alto riesgo, y de estos, cerca de 500 son adolescentes inmigrantes que han llegado solos a la ciudad y deambulan por las calles, en muchos casos, sin estar bajo la tutela de la Generalitat. Los datos fueron presentados ayer por la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, y forman parte de un informe sobre los derechos de la infancia que propone una serie de medidas a las administraciones para paliar una situación que puede ser incluso más grave si no se amplían los recursos destinados a la prevención.
El documento indica que en Barcelona hay más de 2.000 niños que viven con familias que subsisten con la renta mínima de inserción, por lo que sus condiciones económicas y sociales “son de una gran precariedad”. Asimismo, detalla que cerca de 3.000 menores reciben asistencia de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del ayuntamiento por encontrarse en una situación de “alto riesgo social”, de los cuales 1.722 están tutelados por la Generalitat debido a su situación de desamparo o tras haber sido retirada la patria potestad a sus padres.

MENDICIDAD
Además, el adjunto a la síndica, Marino Villa, explicó que a esta cifra se ha de sumar la de cerca de 500 adolescentes, “conocidos y controlados por la Administración, aunque no con la intensidad que desearíamos”, que vagan por la calles, algunos de ellos, como es el caso de jóvenes rumanas, practicando la mendicidad con sus hijos. Respecto a este último colectivo, la síndica celebró el reciente acuerdo al que ha llegado la Generalitat y el Casal dels Infants del Raval para crear un centro de día para colaborar en la reinserción sociocultural de estas chicas.
Pero no es ni mucho menos suficiente, remarcó. Una de las prioridades que señaló la defensora de los barceloneses para evitar que se agrave la situación de estos 6.000 menores -que viven en pisos en malas condiciones, con una mala alimentación, en ocasiones sin familia o son, incluso, maltratados- es potenciar las políticas preventivas y educativas desde las administraciones local y autonómica. Principalmente, señaló, dedicando más recursos tanto para la atención social primaria, el servicio de atención domiciliaria, los centros abiertos y los EAIA.

DESAMPARO Aunque la síndica dejó claro que el consistorio cumple con la ley de servicios sociales, que exige un equipo de atención básica primaria formado por dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes, subrayó que “es insuficiente por la problemática social que existe”. Y apoyó esta afirmación con otra: “Solo el 40% de los casos de desamparo asumidos por la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat han sido detectados por los servicios de atención primaria” de Barcelona, que asisten cada año a unos 4.000 menores.
Malla definió como “recurso idóneo” para niños en alto riesgo la atención domiciliaria, ya que permite no solo hacer un seguimiento del menor, sino también trabajar con la familia para reconducir conductas que van en detrimento de los más pequeños. Sin embargo, considera que “no se ha desarrollado bien”. De las cerca de 5.500 personas que durante el 2004 recibieron a profesionales en sus domicilios para realizar un seguimiento social, solo 127 eran menores de 16 años. El resto fueron ancianos. “No se trata de equilibrar el número de atendidos, sino de promocionar esta ayuda entre familias con niños”, señaló.

EVITAR LA PRISIÓN
La síndica alertó de la necesidad de poner medios para evitar que muchos de los menores acaben en prisión. “La delincuencia se está cultivando en algunos niños y la falta de prevención hace que acaben con conductas delictivas”, dijo. Malla recordó que en el último año los juzgados han aplicado medidas penales a 2.032 adolescentes de la provincia de Barcelona.