El Cercle d’Economia, del que forman parte más de 1.300 empresarios, economistas, profesionales y técnicos de la Administración, dio a conocer ayer un documento que, bajo el título Educación: la gran prioridad, reclama “un trato muy personalizado, que requiere una preparación especial del profesorado,” para el alumnado extranjero que se incorpora al sistema educativo.
En el apartado dedicado a los “serios problemas educativos” que plantea la inmigración, el club de opinión afirma que “ningún ámbito escolar público ni privado puede rehuir la responsabilidad” de educar y facilitar la integración de los recién llegados, que hoy se concentran en los centros públicos. Y añade: “Solo impidiendo la guetización escolar se podrá evitar la guetización social”.
El presidente del Cercle, José Manuel Lara Bosch, aseguró en la presentación que “integrar mal a un subsahariano que ha venido a trabajar y vive en un chamizo es una inmoralidad”. “Pero integrar mal a los niños de ocho o nueve años nos lleva a los problemas de los suburbios de París”, agregó en alusión a los graves disturbios provocados hace un año atrás por jóvenes de origen inmigrante en la conurbación de la capital francesa. “El fracaso escolar es una máquina de marginados”, acabó sentenciando Lara.

TRAMO OLVIDADO
Para fomentar la cohesión social, el documento se refiere igualmente a la necesidad de “invertir eficientemente” para poder garantizar una plaza escolar a todo aquel que la necesite entre los 0 y los 6 años, un tramo educativo que el Cercle d’Economia califica como “el más descuidado de la enseñanza en España”.
El texto difundido también “echa de menos las clases preparatorias para incorporar a los grupos con mayor riesgo de exclusión social y a los inmigrantes al sistema educativo en materia de idioma, por ejemplo”, capítulo en que, al menos en Catalunya, sí se ha avanzado en los últimos cursos a través de la creación de las denominadas aulas de acogida.
El Cercle sostiene que “la inversión en educación tiene que aumentar”, destinándola, entre otros cometidos, a dar “incentivos en función de resultados” a maestros y profesores. Y pide la “potenciación de la formación profesional”, un tipo de estudios que “entre todos hemos conseguido desprestigiar”, señaló Lara. “Tiene que estar más adaptada a lo que el mercado laboral necesita”, agregó, y ha de dejar de ser “el abrigo de los que no sirven para llegar a la universidad”.

El trabajo, fruto de diferentes sesiones de debate, alerta sobre la necesidad de incrementar la competencia de los estudiantes en materias como “inglés, matemáticas e informática” y pide “mecanismos de evaluación y control independientes” para medir la calidad del servicio educativo, tanto el público como el concertado.
Lara aseveró que la voluntad de la entidad era apuntar en el documento “las líneas estratégicas” sobre las que hay que incidir en el terreno educativo, “un problema”, dijo, que atañe a toda la sociedad.