Pilar Malla constata que el sistema «no funciona» e insta al Ayuntamiento a aumentar los recursos para solucionar la crisis Alrededor de 6.000 menores de los más de 230.000 que viven en Barcelona se encuentran en una situación «grave» de riesgo o vulnerabilidad, según denunció ayer la Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla.

El documento «Los derechos de la infancia en riesgo en Barcelona y propuestas para garantizarlos», que presentó ayer la Síndica, se ha elaborado a partir de las quejas que ha recibido la institución y uno de sus fines es «concienciar sobre las prioridades» que ha de tener el Ayuntamiento en materia, según informó la Síndica.

Para Malla, el estudio pone de relieve la situación de desprotección de este sector, lo que evidencia la necesidad de más profesionales y de más financión. Por su parte, el adjunto Mariano Villa, añadió que lo que es necesario «no son más leyes sino más recursos».Villa refirió así a las carencias de la atención primaria, del servicio de atención domiciliaria (SAD) y de los Centros Abiertos y Equipos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (EAIA).Malla constató que los casi 6.000 niños en situación de riesgo evidencian que el sistema de protección de menores «no funciona».

Uno de los datos más alarmantes del informe son los 2.000 menores que viven en condiciones sociales y económicas de «una gran precariedad». De la misma manera, más de 2.900 reciben asistencia de los EAIA del Ayuntamiento de Barcelona por encontrarse en una situación de «alto riesgo social», alertó Malla. Además, las familias monoparentales han aumentado y «necesitan soportes compensadores», según se especifica en el informe.

En relación a la situación de los menores inmigrantes indocumentados también conocidos como niños de la calle, Mariano Villa anunció que se ha detectado la presencia de más de 600 niños en Barcelona, que «son conocidos y están controlados aunque no con la intensidad que querríamos». Respecto a este tema, Malla denunció el incumplimiento de la Ley de protección del menor por parte de los anteriores Gobiernos al no haber tutelado a estos menores: «la Generalitat fue escondiendo el problema y huyendo de él, y ahora se ha agravado la situación hasta el extremo».

Actualmente, los menores en situación de vulnerabilidad, están amparados por la Ley de protección de menores y por la Ley de servicios sociales. El informe, sin embargo, critica la descoordinación con la que nacieron porque ha supuesto una «fuente de conflictos de competencias entre la Administración de la Generalitat y las Adminitraciones locales a lo largo de veinte años».

En este sentido, la Síndica de Greuges reclamó una solución a la Generalitat para la «doble dependencia administrativa en muchos proyectos», lo que «dificulta el tratamiento» porque «hay mucha lista de espera». En todo caso, Malla aclaró que el Ayuntamiento cumple con la Ley de Servicios Sociales: las normas mínimas establecen que tienen que haber dos trabajadores sociales y un educador por cada 15.000 habitantes. Para la síndica, estas medidas «son insuficientes» en Barcelona: sólo el 40 % de los niños y jóvenes tutelados por la Generalitat llegan a ser detectados en primer lugar por los servicios de atención primaria.

La Síndica propone, así las cosas, la mejora de los mecanismos de ayuda a los menores en situaciones de vulnerabilidad. En el caso del SAD, Malla manifestó que es «un servicio muy educativo para la familia y podría disminuir el internamiento de menores en centros, pero sólo 127 menores se han beneficiado». Por otra parte, los Centros Abiertos, que atienden a los niños durante su tiempo libre, "podrían evitar la intervención de la Generalitat en muchos casos», pero ninguno de los 13 que existen en Barcelona dependen de la Administración, denunció la Síndica. Malla destacó que «las prestaciónes son un derecho y tiene que haber presupuesto para los menores porque son nuestro futuro».