El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación para conocer si se cometieron irregularidades en las denegaciones de entrada a miles de inmigrantes extracomunitarios en la frontera francesa. La oficina que dirige Enrique Múgica pidió el pasado 16 de noviembre a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil toda la información sobre las expulsiones de extranjeros y los controles en frontera.

En un informe oficial del Defensor, la institución advierte al Ministerio del Interior de que no puede continuar impidiendo la entrada a inmigrantes ‘sin papeles’ sin garantizarles la asistencia letrada y un intérprete en el caso de que no hablen castellano. Unas normas que deben cumplirse desde la entrada en vigor del reglamento que desarrolla el Tratado de Schengen de 1985.

El Gobierno, el 8 de septiembre, reformó por sorpresa y sin publicidad el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería para intentar dar cobertura legal a estas expulsiones instantáneas. La nueva redacción del texto, según la reiterada interpretación de Interior, sólo obligaba a la policía a informar del derecho al abogado, pero en ningún caso a facilitar a cada inmigrante un letrado para su defensa.

Resoluciones motivadas

El Defensor entiende que esta práctica podría ser irregular. La institución ya ha hecho saber a Interior que ni el acuerdo de repatriaciones hispano – francés ni cualquier otro «eximen a las autoridades españolas de dictar resolución motivada con indicación de recursos» ni «constituyen una excepción en cuanto al régimen de garantías de asistencia letrada».

Sólo el pasado año, España solicitó al país vecino la readmisión de 52.017 inmigrantes irregulares, en virtud del acuerdo cuya aplicación es ahora cuestionada por el Defensor del Pueblo.