Inmigración y Economía Española

Hacia mediados de los noventa, España se despertó angustiada por el futuro de su sistema de pensiones. Con una natalidad inferior al 9 por 1.000 y un espectacular incremento en la esperanza de vida, muy pocos trabajadores deberían mantener a demasiados. La inmigración apareció entonces como una solución. «¡Que faltan trabajadores! ¡Pues que vengan de los países pobres!» Y, efectivamente, vinieron. Al principio, de manera moderada.



Luego de forma masiva: desde 2000 España es el país de la OCDE con mayor incremento de inmigrantes. Miguel Sebastián se despidió de su puesto de asesor económico de la Presidencia con un informe sobre “Inmigración y Economía española”. Sus principales conclusiones: «La mitad del crecimiento del PIB en los últimos cinco años se debe a la inmigración»; «La mitad del superávit público se debe directamente a los inmigrantes». Dado que éstos representan algo así como el 8% de la población, casi se diría que, en proporción, los españoles creamos mucha menos riqueza, gastamos más y aportamos menos. Valoraciones que, en mi opinión, son más que discutibles.

Las triunfales alusiones al PIB deben ser explicadas. Éste constituye una magnitud discutida por muchas razones. Una de ellas es que, por ejemplo, solicitar préstamos enormes para adquirir una vivienda hipervalorada, algo que entraña un claro deterioro del bienestar, incrementa mucho el PIB, mientras que una bajada en el precio de aquélla le perjudica. Esto sucede porque el PIB se limita a recoger el valor total de los bienes y servicios finales producidos. Es obvio que un aumento espectacular de la población – como el ocurrido por la entrada masiva de inmigrantes – haya contribuido a incrementarlo. No es un milagro económico por el que debamos entonar cánticos de alabanza a la inmigración. Además, quien aumenta la riqueza es toda la sociedad y no sólo una parte de ella. Un colectivo, sea el que sea, no podrá incrementar el PIB un 2% sin el 100% anterior.

Por otro lado, en su afán de glosar los beneficios de la inmigración, Sebastián realiza varias triquiñuelas. La más pintoresca se refiere a la contabilización de gastos e ingresos de la población inmigrante. «Frente a la idea errónea de que los inmigrantes reciben más de lo que aportan», les atribuye la mitad del superávit público. E intenta probarlo calculando sus ingresos totales a las Administraciones Públicas y los gastos que ocasionan.

Al margen de que en el capítulo de ingresos la suma de las partidas no cuadra con el total, lo más curioso es cómo calcula la aportación foránea al impuesto de sociedades, transmisiones patrimoniales, etc. De forma inverosímil, supone que la población inmigrante, con un 30% menos de renta, aportará por estos conceptos sólo un 15% menos per cápita que los nativos. Es decir, que a igual renta los inmigrantes pagarán más que los españoles. La jugada se repite en el capítulo de costes: al calcular la participación inmigrante en los gastos no divisibles – política exterior, defensa, justicia, policía, intereses, etc. – , y con el argumento de que el gasto en exteriores sería parecido de no haber cuatro millones de extranjeros, decide que debe hacérseles una rebaja de un 10%. ¿Por qué es falaz el apaño? Porque en la medida en que esos gastos constituyen partidas imprescindibles para asegurar el funcionamiento del país, la lógica exige que deban imputarse por igual a todos los que residen en él. Si dejamos de aplicar esas triquiñuelas, la aportación inmigrante al superávit baja a cerca del 20%.

Por si todo esto fuera poco, el informe pasa de puntillas por algunos problemas endémicos de nuestra economía que la inmigración masiva ha agravado: la baja productividad, el déficit externo y el endeudamiento. Nada de esto parece preocuparle. Y la razón estriba en que considera que los trabajadores extranjeros introducen «un mayor grado de flexibilidad en el mercado de trabajo, presionando a la baja los salarios reales e incrementando la movilidad laboral». Escalofriante, tratándose de un político socialista.

La parte más interesante del informe es aquélla donde admite que la inmigración no solventa el problema de las pensiones y que incluso lo empeorará. No se necesita ser un genio para entenderlo: dado que el sistema de cotizaciones es progresivo (quienes ganan menos, pagan menos) y que las rentas de los inmigrantes son más bajas, cuando se jubilen, cobrarán cantidades que pronto excederán su aportación. De ahí que Sebastián destaque la necesidad de continuar recibiendo extranjeros para aligerar la carga fiscal. ¿Suena o no a sistema piramidal?

Sin ninguna duda, no deberíamos olvidar que no hablamos de mercancías, sino de personas. Que aportan una riqueza que no se puede traducir a porcentajes del PIB, pero cuya inserción también genera problemas que desbordan su baja tasa de productividad. Y me temo que informes como el presentado por Sebastián tienden a pasarlo por alto. El tema es demasiado serio como para resolverlo con aritmética.

Iñaki Iriarte López es doctor en Sociología y Profesor Titular de la Universidad del País Vasco