Los fallecidos el pasado fin de semana en las costas del Sáhara occidental pueden llegar a 31. Todos ellos murieron tras el naufragio de dos pateras que salieron con destino a las islas Canarias, según ha informado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear).

Las víctimas eran jóvenes – uno de ellos menor de edad – y la mayoría eran activistas que trabajaban en la Intifada saharaui, que lucha por la autodeterminación de este pueblo. Entre ellos se encontraba Najim Dohatem, de 36 años, un conocido defensor de los derechos humanos.

«Éste es, hasta ahora, el último episodio del éxodo de centenares de jóvenes saharauis, que huyen de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que la policía marroquí comete en el territorio de esta antigua colonia española, ocupado de manera ilegal desde 1975», denunció ayer el portavoz de Cear, Mauricio Valiente.

Para esta ONG, «la muerte de estos 31 jóvenes saharauis simboliza el naufragio de la comunidad internacional, incapaz, durante los 15 años de proceso de paz, de imponer a Marruecos la celebración de un referéndum de autodeterminación para que el pueblo saharaui decida su futuro».

De momento, tras los hundimientos han sido recuperados 14 cadáveres y ayer se celebró el entierro de tres de los fallecidos. «La ciudad está de luto por estas muertes. Antes de aquí, sólo salían de la costa subsaharianos, pero ahora únicamente parten saharauis. ¿Por qué, si en cada kilómetro hay un control militar?», se preguntó ayer un activista desde el Sáhara occidental en conversación telefónica con este diario. Él mismo da la respuesta: «Es la propia policía quien les indica por dónde pueden salir y les facilita que emigren a España. Los saharauis están siendo empujados para que salgan en patera».

En tan sólo 45 días, 500 saharauis se han lanzado a alcanzar las islas Canarias y el éxodo parece imparable. En lo que va de año 120 de ellos han pedido asilo político en nuestro país y su solicitud ha sido admitida a trámite. Tanto el Frente Polisario como Cear acusan a las fuerzas policiales marroquíes de instigar a los jóvenes a subirse en las pateras y culpan a Rabat de tener una responsabilidad directa en estas muertes.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, lamentó ayer el naufragio de las dos embarcaciones y reclamó a los extranjeros que emigren a España de manera legal. Sin embargo, las asociaciones defensoras de los derechos humanos aseguraron que el Consulado español en Agadir discrimina a los saharauis y apenas les concede visados de entrada.