M. J. PÉREZ – BARCO

MADRID. Un estudio realizado este año por el Ministerio de Sanidad ya estimaba que entre el 40 y 50% de los abortos que se practican en nuestro país corresponden a mujeres inmigrantes. Si se tiene en cuenta que en 2004 se realizaron 84.985 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), el porcentaje equivale a que entre 33.000 y 43.000 intervenciones se efectuaron a mujeres no españolas.

Ahora, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) – que reúne a 35 centros en diez comunidades – se ha fijado específicamente, y por primera vez, en ese colectivo con el objetivo de conocer su perfil de salud sexual y reproductiva.

Sus datos revelan que casi la mitad de las mujeres inmigrantes (43%), que interrumpieron su gestación en clínicas españolas, ya habían tenido, al menos, dos abortos anteriormente en su país de origen o en el nuestro. Algunas (alrededor de un 10%) incluso sufrieron esta intervención entre cinco y diez veces a lo largo de su vida.

El caso de las rumanas

Se trata, sobre todo, de mujeres rumanas, que utilizan esta práctica «como método anticonceptivo. Hemos encontrado casos en los que una mujer rumana ha abortado hasta veinte veces», explicó la presidenta de ACAI, Eva Rodríguez. De hecho, son el segundo grupo más numeroso que acude a estas clínicas. El 17,7% de las mujeres inmigrantes que lo hicieron eran de esa nacionalidad. El primer grupo que más utiliza este sistema son las ecuatorianas (21%). Después, aparecen las bolivianas (13%), marroquíes (11%), colombianas (5%) y rusas (4%).

El estudio apunta que va a resultar difícil lograr en el futuro una cifra concreta sobre el número de mujeres de otras nacionalidades que acuden a estas clínicas autorizadas, ya que más de la mitad (51%) de las que lo hicieron se encontraban en situación irregular. El resto contaba con un permiso de residencia, de trabajo o residía en España bajo reagrupación familiar.

Pocas abortan durante el primer año de estancia en nuestro país, mientras se adaptan a un nuevo entorno. Suele ser a partir del primer año y hasta el tercero, cuando más frecuentemente realizan la interrupción del embarazo, es decir una vez que ya han regularidado legalmente su situación y se han establecido en el país.

La escasez de recursos económicos influye bastante a la hora de decidir si llevar a buen término o no el embarazo. Es un motivo de angustia y alteración psicológica durante la gestación. Aunque la mayor parte de ellas dispone de recursos propios, no son suficientes, pues ganan de media cada mes menos de 921 euros. Incluso el 38% declara contar con ingresos mensuales por debajo del salario mínimo interprofesional (460,50 euros). Pero también aducen otras razones para abortar, como que no es el momento para tener el niño o por el deseo expreso de no dar a luz más hijos. Más de la mitad declaró que ya poseían una familia y habían dejado a sus pequeños en su país de origen.