MANUEL MORENO

TOLEDO. Como sucede en otras regiones de España, desde hace meses el Gobierno central está trasladando a decenas de subsaharianos ilegales a Castilla – La Mancha procedentes de los siete centros de internamiento que existen en el Archipiélago Canario: Tenerife (2), Fuerteventura, Las Palmas (2), La Gomera y El Hierro.

ABC ha tenido acceso a algunos de los numerosos faxes en los que la Comisaría General de Extranjería y Documentación comunica por escrito a la Jefatura Superior de Policía la llegada de subsaharianos desde las Islas Canarias a la Península «para su posterior traslado a la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, siendo acogida por la citada Comunidad Autónoma».

Con diez euros en el bolsillo

No se sabe con exactitud cuántos inmigrantes han llegado a la región, porque es un dato que se guarda celosamente, aunque el número podría superar los doscientos. Según fuentes no oficiales, estos traslados se están produciendo semanalmente desde antes del pasado verano, si bien en noviembre se ha reducido la llegada de senegaleses tras el acuerdo entre el Gobierno español y el de Senegal para la devolución de los «sin papeles» de ese país.

«Es un goteo continuo en la región. Cuando llegan a la Península, son trasladados en autobuses o furgonetas alquilados por el Gobierno y los van dejando en los pueblos por la noche y a escondidas. Les dan entre cinco y diez euros y les dicen que se dirijan a organizaciones no gubernamentales o a instituciones humanitarias para pedir ayuda. Además, les entregan un papel con frases sencillas en español, como decir su nombre o que tienen hambre. En realidad, deben buscarse la vida porque son abandonados a su suerte», relata un miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Estos datos los corrobora otro agente: «Llegan en aviones desde Canarias a aeropuertos militares, donde no hay tantos periodistas, caso de Torrejón de Ardoz, en Madrid. De aquí los montan en vehículos y los reparten por las comunidades colindantes, como ocurre en Castilla – La Mancha».

«No tengo ni idea»

Sin embargo, ni en la Jefatura Superior de Policía ni en la Delegación del Gobierno tienen noticias de esta llegada de inmigrantes. Al menos eso dicen las fuentes oficiales. «No hay constancia policial, no hay nada de eso ni existe ninguna denuncia de gente que los haya visto», asegura un asesor del delegado del Gobierno, Máximo Díaz – Cano. No obstante, la misma fuente aclara que, de ser cierto, «no sería ilegal». «No tengo ni idea, no tengo constancia», afirma el portavoz de la Jefatura de Policía.

En la Junta de Comunidades dicen que esta materia no es de su competencia. «Es responsabilidad de la Delegación del Gobierno», asegura una colaboradora del director general de Trabajo e Inmigración de Castilla – La Mancha, Reinaldo de la Fuente.

«Policialmente no se puede hacer nada, porque hay órdenes de los mandos de identificar a los ilegales, pero no hay que detenerlos, salvo que tengan antecedentes policiales, para no saturar los calabozos ni el funcionamiento de las brigadas de Extranjería», denuncia un agente.

Sin embargo, el delegado del Gobierno aseguró en septiembre que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía habían identificado en la región a 9.000 personas durante los primeros nueve meses de 2006, «con un total de 300 detenciones a inmigrantes por situación irregular en España».