LUIS DE VEGA

RABAT. El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de Marruecos ha enviado una nota verbal a las Embajadas en Rabat advirtiendo de que los países extranjeros no pueden canalizar el dinero destinado a cooperación más que con las asociaciones que el Gobierno tiene señaladas como de «utilidad pública». El texto, redactado en francés, señala que «se ruega no acordar ninguna ayuda financiera a las organizaciones no reconocidas como de utilidad pública».

La nota no ha sentado bien en las cancillerías ni en las ONG, que la consideran una forma de presión con la que el Gobierno marroquí pretende hacer llegar el dinero a organizaciones e instituciones vinculadas a la altas esferas de poder y al «majzén», el entorno del Rey. El grupo de representantes diplomáticos de la UE en el Reino alauí están preparando una respuesta en común ante lo que consideran un celo excesivo por parte marroquí.

Ese «toque de atención» de Exteriores afecta directamente a España por la gran cantidad de fondos y proyectos que mantiene en Marruecos. Ningún país cuenta con más de medio centenar de ONG ni mueve tanto presupuesto como las españolas.

A dedo

Muchos de esos proyectos se desarrollan con contrapartes locales que no tienen el marchamo de «utilidad pública», pero sin embargo fue el propio Gobierno marroquí el que animó y dio su visto bueno para que eso fuera así, según reconocen en la Embajada. Las fuentes consultadas por ABC entienden que esa distinción de «utilidad pública» se concede de manera «discrecional» y mantiene fracturada a la sociedad civil marroquí en asociaciones de primera y segunda división.

El problema, como reconocen algunos cooperantes y diplomáticos, es que muchos de los miembros de ese «selecto club» al que quiere premiar el Ministerio de Exteriores no cuentan en la gran mayoría de los casos con la confianza y la credibilidad necesaria.

En un intento de calmar el ambiente, pero sin ocultar su sorpresa, en la Embajada de España piensan que esta vuelta de tuerca de Exteriores no va tanto contra Madrid o la UE como «contra otros países». El nombre de Estados Unidos y algunas de sus iniciativas ha sido tarareado en varias ocasiones en relación con esta nota verbal.

«Esto responde a una nueva dinámica de control de las subvenciones en relación con el islamismo radical», explican fuentes diplomáticas españolas, en un argumento que coincide con el de algunos cooperantes. Aunque la nota del Ministerio de Exteriores se refiere a que «la legislación marroquí en vigor» es la que regula la canalización de las ayudas hacia esas asociaciones de «utilidad pública», a las autoridades españolas les ha resultado «extraño este recordatorio legal que no sabemos por qué tiene especial énfasis en este momento».

El responsable de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) en Marruecos, Vicente Sellés, es consciente de la polémica suscitada por la nota en plenas negociaciones entre Madrid y Rabat de un nuevo acuerdo marco de cooperación que supere al de 1991. Lo que se pretende, explica Sellés, es que «no desconfíen de nosotros ni de la gente con la que cooperamos», porque «en todos nuestros proyectos hay comités de seguimiento de los que los marroquíes pueden formar parte».

Ese acuerdo se selló entre los dos países en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de julio de 1991, cuando casi no había ONG sobre el terreno. A este respecto, «existe un diálogo fluido», señala Sellés, que espera que el nuevo cuerdo esté listo para la Reunión de Alto Nivel que deben celebrar en las próximas semanas los dos Gobiernos.

Limbo jurídico para las ONG

Entre los asuntos más delicados que se están abordando en ese nuevo acuerdo marco se encuentra el denominado «acuerdo de sede» que Marruecos lleva sin conceder desde hace cinco años y que deja a prácticamente todas las ONG españolas (y de otros países y hasta a organismos de la ONU) sin un soporte legal sobre el que apoyar su trabajo.

Según reconoció Sellés el pasado junio a ABC, las ONG están bajo «un estatus de limbo jurídico». Tienen problemas para abrir cuentas bancarias, realizar contratos de alquiler, contratar personal local, matricular vehículos importados o acceder a exoneraciones fiscales. Los afectados insisten en que en la AECI y la Embajada española encuentran buenas palabras y promesas que nunca llegan.

El responsable del Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad, Manuel Lorenzo, es de los que se ven obligados a tener contratos de teléfono o oficinas y cuentas bancarias a su nombre a pesar de que su organización es de las que más dinero mueven y más proyectos llevan a cabo. «Desde 2002, hemos enviado una decena de cartas (para solicitar el «acuerdo de sede») y la única respuesta ha sido el silencio», se lamenta Lorenzo. Un cooperante español, que prefiere mantener el anonimato, explica bien la situación. «Ahora mismo soy rico. Tengo a mi nombre más de dos millones de euros. Menos mal que no soy el Dioni», asegura recordando entre risas al famoso ladrón del furgón de seguridad en el que trabajaba.