La celebración del Día Mundial para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer refleja la verdadera dimensión de un problema que no es, ni mucho menos, privativo de un país en particular, sino del conjunto de la sociedad en general. Sólo en Gipuzkoa, resulta significativamente llamativo el dato de que se registre al día una media de tres denuncias por maltrato. En medio de una sensación de impotencia extendida a la hora de atajar esta lacra, la legislación española destaca por su concepción avanzada a la hora de abordar este problema. La ley orgánica aprobada en diciembre de 2004 está sirviendo de referencia para otros países europeos, como se aprecia en la precampaña electoral de Francia, donde durante este año se han producido 95 asesinatos frente a los 61 cometidos en España. En cualquier caso, tras casi dos años desde que se promulgara la citada ley resulta obligado reconocer la excesiva confianza que llegó a depositarse en su entrada en vigor. Han vuelto a evidenciarse los límites con que se encuentra toda norma positiva, por muy severa que resulte, cuando pretende atajar conductas individuales arraigadas en hábitos, aprendizajes y valores que han dado lugar a la extrema injusticia que representa el sometimiento a la agresión violenta continuada. De ahí que se estime que dos millones de mujeres sufren algún tipo de maltrato bajo el miedo, el silencio y la humillación. Además en este Día Mundial conviene reseñar un dato: una tercera parte de las mujeres asesinadas en España son residentes extranjeras o inmigrantes, con una tasa de 11,50 víctimas foráneas por millón, mientras que la de víctimas de origen español es de 1,94. La propia Fiscal delegada para la Violencia de Género admitía ayer que la ley no se está aplicando debidamente para ir más allá del castigo, es decir, para modificar la conducta de los maltratadores. Además la sumisión y dependencia que subyace a la relación entre el hombre maltratador y la mujer víctima conduce al retraimiento de éstas a la hora de testificar en los juicios contra la persona a la que denunciaron. Es, precisamente, en aspectos como la ayuda social, legal, psicológica y material que precisan las mujeres maltratadas y sus hijos donde los poderes públicos ofrecen una respuesta insuficiente. El registro que va a crear la Fiscalía del Estado en 2007 puede ser de gran utilidad para el diagnóstico y la aplicación de medidas más eficaces en la prevención y persecución de un tipo delictivo que atañe a la responsabilidad y a la solidaridad colectiva. El esfuerzo contra la violencia de género no debe circunscribirse a los ámbitos judicial y policial. Evitarlo significa que el problema adquiera una mayor relevancia en la transmisión de los valores de convivencia y respeto mutuo, tanto en el seno de la familia como en el sistema educativo de enseñanza.