JOAQUIN MANSO

MADRID.-Cuarenta y cinco minutos. Entre las 11.05 horas, en que el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid comunicó a la comisaría de Barajas que suspendiese la repatriación de un menor marroquí, y las 11.50, en que finalmente despegó el vuelo de Iberia con destino Tánger, con el adolescente aún a bordo, media ese lapso de tiempo: la diferencia entre un futuro esperanzador con el oficio que el joven aprendía en una escuela social, y un presente entre rejas en un calabozo de Marruecos.

La Brigada de Extranjería volvió a ejecutar ayer dos polémicas órdenes de repatriación de menores, dictadas por la Delegación del Gobierno a instancias de la Comunidad de Madrid. Como ya ha sucedido en 23 ocasiones desde el pasado mes de abril, un auto judicial, «atendiendo circunstancias de especial urgencia», acordó suspender una de ellas, e inmediatamente lo comunicó a la Policía.

Según da fe el secretario judicial, «a las 11.05, este Juzgado se pone en contacto telefónico con el grupo 2 de la comisaría de Barajas para comprobar si el menor ha salido o no de España, manifestando quien atiende el teléfono que se encuentra embarcado en el avión, estando éste en pista». A las 11.50, según la página web de Iberia, el vuelo salió rumbo a Tánger, sin que la Policía hubiese cumplido la resolución judicial.

Según su abogado, Nacho de la Mata, el adolescente se encontraba en la tarde de ayer en los calabozos de una comisaría de Tánger, donde no hay separación entre menores y adultos. En Marruecos, la ley impone a quien cometa el delito de «emigración irregular» una multa de 270 a 900 euros – una cifra inalcanzable en el país magrebí – o, alternativamente, una pena de cárcel de uno a seis meses. En un informe reciente, Unicef relata los abusos y maltratos a que suelen someter las autoridades marroquíes a los niños.

El criterio que han venido siguiendo los jueces para suspender cautelarmente algunas repatriaciones es que podría producirse una vulneración de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 24.2 de la Constitución si no se cumplen los requisitos que la Ley y el Reglamento de Extranjería exigen.

Éstos son un informe previo de los servicios sociales sobre la integración del menor en España, y un documento sobre la situación y la predisposición de la familia de origen a recibirlo. En el caso de que ambas circunstancias aconsejen el regreso a su país, el joven tiene derecho a que se escuchen sus motivaciones. Y, una vez dictada la expulsión, debe notificársele la resolución.

Además, tres sentencias – siguiendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la recomendación del Defensor del Pueblo – reconocen el derecho de los menores extranjeros no acompañados a la asistencia letrada de oficio en los procedimientos de repatriación. Pese a esto, la ley no lo recoge aún expresamente.

De la Mata denuncia que, en este caso, la Administración incumple los siguientes puntos: no ha notificado al menor la iniciación del procedimiento de repatriación ni su resolución y no ha respetado su derecho de audiencia ni a un abogado de oficio. Fue detenido a primera hora de la mañana de ayer y, en apenas tres horas, ya había abandonado el país.

El otro menor repatriado ayer cogió el mismo vuelo con el mismo destino: una comisaría de Tánger. Había sido arrestado a las 7.30 horas en el piso de adolescentes de la Cruz Roja en el que residía. Tiene 15 años, llevaba uno y medio en España, habla un perfecto castellano y seguía un curso de fontanería.

Una juez no quiso atender el recurso que intentó interponer la abogada Patricia Fernández – con la autorización escrita del joven – con el argumento de que quien debía presentarlo era su representante legal: el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. La Ley del Menor, no obstante, reconoce al adolescente capacidad de obrar suficiente para la defensa de sus derechos fundamentales. Fernández considera que tampoco se han cumplido los requisitos legales. Añade que la familia del menor vive en la miseria y carece de recursos para mantenerlo.