ANTONIO PAPELL/

Una de las intuiciones más lúcidas del desacreditado marxismo es que la economía mueve al mundo, axioma que se ha hecho sobre todo realidad cuando la globalización tecnológica ha reducido los rozamientos que se oponían al movimiento. Y, paradójicamente, una de las luchas del humanismo occidental ha sido en pro de lograr que la economía se someta a la política, que el destino de las sociedades esté a merced de las ideas y no del puro determinismo económico.

Es claro que las democracias occidentales están gestionando como pueden el dilema anterior: todos los grandes partidos han adquirido conciencia reciente, en muchos casos de que cuando llegan al gobierno deben respetar las leyes de la economía, ya que de otro modo serán expulsados del poder por sus decepcionantes resultados. Y, al mismo tiempo, las fuerzas políticas tienen que satisfacer las demandas tangibles e intangibles de los ciudadanos, administrando lo mejor posible los recursos disponibles. Todo ello tiene un corolario no necesariamente obvio: la mayor parte de los problemas de la sociedad han de abordarse mediante el doble enfoque político y económico, ya que el solo recurso a la política o a la economía ofrecerá resultados sesgados.

Y en un sesgo de esta naturaleza ha incurrido Miguel Sebastián en el análisis sobre el fenómeno inmigratorio en España con que el asesor de Zapatero se ha despedido de su cargo en el staff presidencial para desempeñar la candidatura socialista a la alcaldía de Madrid. Sebastián fue, hace más de una década, uno de los primeros economistas españoles que defendió los efectos beneficiosos de la inmigración en nuestro país, y ahora este testamento recién divulgado hace hincapié en esta visión idílica, que sin duda ha de aceptarse en sus líneas generales, aunque requiere un cuidadoso tamizado en la criba política y del sentido común.

Efectivamente, no hay duda de que el ingreso en España de la abundante inmigración los inmigrantes ya suponen el 8,8% de la población española nos ha enriquecido: en los últimos cinco años, su aportación ha representado el 50% del crecimiento económico y ha elevado en 623 euros la renta per capita, que es ya de 24.200 euros al año, de forma que, a este ritmo, al final de la legislatura o al comienzo de la siguiente habremos alcanzado la media de la Unión Europea; además, los inmigrantes son en su conjunto contribuyentes netos a la Hacienda Pública, por un importe total de 4.784 millones de euros; por añadidura, siendo el 8,8% de la población, absorben sólo el 5,4% del gasto público). La inmigración ha flexibilizado el mercado laboral, ha reducido el paro, ha incrementado la tasa de actividad femenina, ha saneado las cuentas de la Seguridad Social (los inmigrantes reciben menos prestaciones de lo que cotizan)… Además, han facilitado incluso el acceso de las mujeres españolas al mercado laboral, gracias a la oferta de inmigrantes para servicio doméstico.

No hay duda alguna de que este planteamiento es cabal, y resulta sumamente positivo que estas conclusiones se difundan para que la opinión pública se forme su propio criterio al respecto del fenómeno inmigratorio, que ya se ha convertido en el principal motivo de preocupación de los españoles. Ello no obstante, sigue siendo preciso que la gestión de la inmigración tome en cuenta, además de estos beneficios, todos los demás aspectos sociales y culturales que el fenómeno genera. Así como los requerimientos que engendra la integración de los recién llegados, que ha de facilitar tanto su aclimatación como su aceptación pacífica por parte de la población autóctona.

Así, Miguel Sebastián añade a su análisis un cálculo económico que no es admisible: a su juicio, deberían seguir ingresando en España unos 200.000 inmigrantes al año para mantener inalterados los beneficios que nos proporciona el fenómeno migratorio (a su entender, cabríamos cómodamente en España hasta 66 millones de habitantes). Es obvio que la intensidad de los flujos no puede depender únicamente de argumentos materiales: también dependerá de la voluntad política de los ciudadanos/electores, que en un cierto momento pueden legítimamente negarse a que el fenómeno se intensifique, a que el mestizaje continúe pronunciándose.

No se trata, ni mucho menos, de poner puertas al campo ni de oponer obstáculos sistemáticos a unos procesos migratorios naturales que equilibran espontáneamente disfunciones regionales y aun globales. Pero sí de abordar el asunto de la inmigración, que es el fenómeno más intenso y relevante que nos afecta social e individualmente, con plena conciencia de su gran complejidad, lo que ha de obligar a análisis mucho más profundos y a debates más ricos que el que derive de los fríos cálculos coste/beneficio.