LOS grandes partidos han adquirido conciencia de que cuando llegan al gobierno deben respetar las leyes de la economía, ya que de otro modo serán expulsados del poder por sus decepcionantes resultados. Al mismo tiempo tienen que satisfacer las demandas de los ciudadanos, administrando lo mejor posible los recursos disponibles. La mayor parte de los problemas han de abordarse mediante el doble enfoque político y económico, ya que el solo recurso a la política o a la economía ofrecerá resultados sesgados.

En un sesgo de esta naturaleza ha incurrido Miguel Sebastián en el análisis sobre el fenómeno inmigratorio en España con que se ha despedido de su cargo en el ‘staff’ presidencial para desempeñar la candidatura socialista a la alcaldía de Madrid. Sebastián fue uno de los primeros economistas que defendió los efectos beneficiosos de la inmigración en nuestro país, y ahora hace hincapié en esta visión idílica, que requiere un cuidadoso tamizado.

El ingreso en España de la abundante inmigración nos ha enriquecido: en los últimos cinco años, su aportación ha representado el 50% del crecimiento económico y ha elevado en 623 euros la renta per capita. Además, los inmigrantes son contribuyentes netos a la Hacienda Pública, por un importe total de 4.784 millones de euros. La inmigración ha flexibilizado el mercado laboral, ha reducido el paro, ha incrementado la tasa de actividad femenina y ha saneado las cuentas de la Seguridad Social (los inmigrantes reciben menos prestaciones de lo que cotizan).

No obstante, Miguel Sebastián añade un cálculo que no es admisible: deberían seguir ingresando en España unos 200.000 inmigrantes al año para mantener estos beneficios. La intensidad de los flujos no puede depender sólo de argumentos materiales: también dependerá de la voluntad de los electores, que pueden legítimamente negarse a que el fenómeno se intensifique.

No se trata de poner puertas al campo, pero sí de abordar el asunto con plena conciencia de su gran complejidad.