¿Hasta qué punto las sociedades libres deben soportar, en nombre de esa libertad, actitudes contrarias a los derechos que las sustentan? La pregunta, enrevesada en apariencia, resume el debate de fondo que ha vuelto a reabrir el proyecto de ley aprobado por el Gobierno holandés para prohibir a las mujeres el uso del burka y otros velos que cubren la mayor parte del rostro en lugares públicos, incluida la calle.

Según dicho Ejecutivo, tales prendas son «indeseables» por «motivos de seguridad y orden». Se trata de un argumento sólido, pues ocultar la identidad puede facilitar la comisión de todo tipo de delitos, incluidos por supuesto los terroristas.

Sin embargo, es evidente que hay razones adicionales de otro cariz por las que el burka y velos similares son rechazables en las democracias occidentales y pueden llegar a ser prohibidos por ley en lugares públicos. Si las sociedades democráticas no sólo defienden, sino que además promueven activamente la igualdad entre hombre y mujer, resulta como mínimo contradictorio que acepten unas prendas que simbolizan, aunque sus defensores lo nieguen, una desigualdad profunda entre ambos sexos.

De ahí que, siguiendo la estela de Francia, sean varios los países en Europa que ya han impuesto algún tipo de prohibición a que las mujeres porten estos velos en las escuelas, el lugar donde se supone que ha de producirse la transmisión de los valores contra la discriminación.

Ahora Holanda da un paso más y amplía ese veto a las calles por razones de seguridad, provocando la reacción inmediata de la comunidad musulmana. Ésta asegura que sus derechos civiles están siendo violados. Tal protesta tendría alguna base si el Gobierno hubiese actuado discriminando a este grupo por sus creencias, pero el hecho de que también haya prohibido caminar por la calle con cascos que no dejen ver la cara demuestra que no es así.

Los inmigrantes que llegan a Europa han de tener los mismos derechos, libertades y deberes que los ciudadanos del país en el que han elegido vivir. El multiculturalismo no puede servir en ningún caso como argumento para enmascarar el incumplimiento de la ley.