El impacto de la inmigración sobre las cuentas del Estado ha provocado un interesante debate. Hace pocos días, Miguel Sebastián presentaba un estudio en el que subrayaba la contribución positiva de los inmigrantes a las arcas del Estado y al crecimiento económico. Pero Sebastián no entraba a analizar sus costes. Según publica hoy Nueva Economía, los emigrantes aportan un saldo positivo a la economía española de 4.784 millones de euros. Esa suma es la resultante de unos ingresos en concepto de impuestos y Seguridad Social de 23.402 millones y un gasto de 18.618. Lo que Sebastián no explicó es el enorme desequilibrio que esas cifras ocultan entre el Estado y las comunidades autónomas y los ayuntamientos: el 90% de los ingresos que generan los inmigrantes se los queda el Estado, mientras que son las autonomías y los ayuntamientos los que hacen frente a la mayor parte de los gastos, al estar transferidas la sanidad, la educación o los servicios sociales que este colectivo más demanda. De ahí que tanto comunidades autónomas como ayuntamientos reflejen un panorama muy distinto al dibujado por Sebastián: un saldo deficitario cuya tendencia será progresivamente al alza si el Estado no remedia esta divergencia compensando financieramente a las comunidades por sus servicios.