SIMÓN TECCO. CORRESPONSAL

LIUBLIANA. «Las leyes están hechas para violarlas», era la respuesta más frecuente en Eslovenia cuando en tiempos del comunismo interrogabas a alguien sobre el respeto de la legalidad vigente. Dieciséis años después de la instauración de la democracia, el «imperio de la ley» continúa siendo algo «relativo», sujeto a la voluntad del político de turno o de un grupo de personas que de pronto deciden imponer su propio orden.

Éste es también el motivo central que ha provocado que un problema local con un asentamiento gitano se haya convertido en un problema nacional, calificado de escándalo político por la opinión pública internacional, que ve en éste claros ribetes xenófobos.

A fines de octubre pasado, en Ambrus, localidad situada al este de Liubliana, unos trescientos «civiles», como llaman los gitanos a la población local eslovena, decidieron expulsar a una familia gitana (apellidada Strojan) que habitaba en un bosque de las inmediaciones. Se trata de terrenos de propiedad de los Strojan, con los cuales los «civiles» han mantenido altercados, litigios y riñas desde hace años, sin la debida intervención de las autoridades competentes. Años atrás, dos mujeres gitanas resultaron muertas por una granada lazada contra su casa y un esloveno hoy se encuentra en coma, después de que un gitano le propinara una paliza.

Peligro de linchamiento

Ante el peligro de linchamiento, la policía eslovena intervino como fuerza de interposición entre la horda eslovena y los gitanos. Como solución, el ministro de Interior esloveno, Dragutin Mate, haciéndose eco de las exigencias de los «civiles», deportó a la familia gitana compuesta por 35 personas, entre ellos unos 20 niños de edades entre 3 meses y 15 años, al campo de refugiados de Postojna, donde todavía hoy se encuentran, si bien poseen la ciudadanía eslovena. Este acto fue condenado por el defensor del pueblo esloveno, Matjaz Hanzek, y por numerosas ONG, y los representantes de la minoría nacional gitana en Eslovenia, calificándolo de «grave violación del Estado de Derecho».

Thomas Hammarberg, comisario europeo para los Derecho humanos, ha declarado que el traslado forzado de esta comunidad «es inaceptable».