C. MORCILLO

MADRID. Con el inacabable debate sobre la conveniencia de legalizar o no la prostitución como telón de fondo, el Gobierno da los últimos retoques a un plan contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. La iniciativa fue anunciada hace meses por el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso. Los grandes objetivos son perseguir a las mafias y a los proxenetas, por un lado, proteger a las víctimas y reinsertarlas y concienciar a los ciudadanos sobre el alcance del problema.

Algunas de las propuestas que figuran en el borrador son crear un fondo de atención a las prostitutas nutrido con las sustanciosas ganancias y bienes de los traficantes, que les serán decomisados. La idea es crear un fondo similar al que se puso en marcha para combatir el narcotráfico y como en éste también contribuiría a reforzar los medios policiales que persiguen el tráfico sexual de mujeres.

Los proxenetas serán perseguidos de forma decidida. Se estudia endurecer las penas de cárcel y aplicar medidas cautelares contra ellos cuando sea posible, tales como la prisión provisional. El Gobierno quiere de esta forma acabar con la impunidad de los traficantes de sexo y poner coto a un problema de orden público pese a que se trate de «una responsabilidad de ayuntamientos y comunidades autónomas».

En cuanto a las mujeres víctimas – la mayoría extranjeras – se pretende su inserción laboral y social. Trabajo estudia crear plazas de acogida específicas y se reforzarán medidas ya previstas en el Reglamento de Extranjería en aras a que puedan regularizar su situación. Interior lidera la iniciativa pero participan además de manera directa Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia y Asuntos Exteriores, según confirmaron a ABC fuentes de estos ministerios. En paralelo, la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados está elaborando un informe sobre prostitución, que estará listo antes de diciembre y se incorporará al plan.