Dos asesorías ofrecían empleos ficticios a marroquíes a cambio de 9.000 euros por persona La Policía ha desarticulado una red internacional dedicada a favorecer la inmigración ilegal mediante ofertas de trabajo irregulares y que ha culminado con la detención de 50 personas, entre ellas 37 empresarios.

Hay 504 afectados, la mayoría marroquíes de niveles sociales humildes, que llegaron a pagar hasta 9.000 euros por una oferta de trabajo irregular a través de asesorías de Villarrobledo (Albacete) y San Clemente (Cuenca).

Esta oferta no implicaba realmente el derecho a trabajar en la empresa ofertante, sino únicamente la obtención de un permiso de trabajo y de un alta ficticia en la Seguridad Social.

Tanto las cuotas de este instituto como las tasas administrativas las tenían que sufragar los propios inmigrantes, según informa Efe.

El cerebro de la trama es, presuntamente, el responsable de la asesoría de Villarrobledo, detenido tras el registro de estas dependencias junto con la encargada de la asesoría de San Clemente. Los dos son españoles.

También han sido arrestados gestores y asesores que se encargaban de los trámites administrativos, además de 13 intermediarios marroquíes y españoles que captaban a las víctimas en los países de origen, y en España a empresarios dispuestos a realizar ofertas a cambio de dinero.

Se ha determinado la participación en los hechos de numerosos empresarios y particulares de Villarrobledo y otras localidades cercanas.

Habrían percibido entre 1.200 y 4.800 euros a cambio de presentar sus ofertas de trabajo.

Estos empresarios llegaban incluso a dar de alta en la Seguridad Social durante un reducido periodo de tiempo a los ciudadanos extranjeros, a costa de los mismos, para que pudieran obtener la correspondiente tarjeta de residencia.

Asimismo, familiares de muchos de estos empresarios presentaban ofertas laborales para cubrir puestos de trabajo en el servicio doméstico y así incrementar sus ganancias. Se ha detenido a cuatro integrantes de una misma familia que están considerados como los máximos responsables de la conexión marroquí de la organización.

Las víctimas tenían que hacer verdaderos sacrificios para pagar estas ofertas de trabajo y llegaban incluso a vender o hipotecar sus viviendas en Marruecos. O asumían elevadísimas deudas para ver cumplidas sus aspiraciones.

El beneficio obtenido se eleva a 4,5 millones de euros. Los detenidos se enfrentan a un delito contra los derechos de los trabajadores por el que podrían ser condenados a penas que oscilan entre los cinco y los 10 años de prisión.