El Ayuntamiento de Farmers Branch aprobó el martes multar a los propietarios de inmuebles que alquilan pisos a los sin papeles.Es la primera localidad de Texas que lo hace.

ANDY ROBINSON – Nueva York. Corresponsal
Farmers Branch, un pueblo del extrarradio de Dallas, se ha convertido en la primera localidad texana en aprobar medidas de acoso a los inmigrantes indocumentados, sumándose a una cincuentena de pequeñas ciudades desde Florida y California hasta Colorado.

El Ayuntamiento de Farmers Branch aprobó el martes multar a los propietarios de inmuebles que alquilan pisos a los sin papeles,así como declarar el inglés idioma oficial del municipio. Una segunda propuesta que aún no se ha votado sancionaría a empresas que contraten a indocumentados.

Pero, como en otras localidades que han promulgado leyes contra los sin papeles,los concejales reconocen que no hay muchas posibilidades de que la nueva ley sea respaldada por los jueces. “Esto lo aprobamos conscientes de que nos van a meter un pleito”, afirma el concejal Tim O´Hare en declaraciones a Associated Press.

Bajo la nueva ley municipal, un casero tendría que pedir los documentos a un posible inquilino, “haciendo así el trabajo de un oficial de inmigración”, según explicó a la misma agencia Marisol Pérez, abogada del movimiento de solidaridad con los indocumentados. Pero la inmigración es competencia federal en EE. UU. Por tanto, la medida probablemente contraviene no sólo leyes federales que prohíben la discriminación en la asignación de viviendas, sino también la misma Constitución.

Los jueces han declarado ilegales medidas similares en otros municipios como Avon Park (Florida) y Hazelton (Pensilvania). La localidad de Palm Bay en Florida retiró una ley igual que la de Farm Branch en agosto tras prosperar la demanda contra Avon Park. En septiembre, el municipio de Escondido, en la afueras de San Diego, aprobó una ley municipal que pone multas de hasta 1.000 dólares a los dueños de pisos que alojan inquilinos indocumentados. Pero los concejales consultados reconocieron que la normativa era imposible de ejecutar dentro del marco constitucional.

Más de 50 municipios han intentado con más o menos éxito aprobar leyes para dificultar el empleo o el alojamiento de los doce millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. Mientras, diversos estados han aprobado legislación con el mismo fin. Arizona aprobó con un 74% de los votos una proposición que hace del inglés el idioma oficial del estado. Colorado, tras dar luz verde a un paquete de leyes en primavera que prohíbe a los indocumentados acceder a los servicios públicos, acaba de aprobar una propuesta que prohíbe que las empresas desgraven por la contratación de trabajadores ilegales.

Estas iniciativas antiinmigrantes a escala municipal y estatal coinciden con la parálisis de los proyectos de ley federales presentados a primeros de año en el Congreso en Washington. Sólo se han aprobado medidas de seguridad como la construcción de un muro en un tramo de más de 1.000 kilómetros de la frontera, ratificada por el presidente dos semanas antes de las elecciones.

En realidad, las medidas antiinmigrante adoptadas en municipios y estados parecen ser gestos simbólicos dirigidos a sectores de la población blanca en ciudades como Farmers Branch, reticentes ante la hispanización de los estados del sudoeste. Un 37% de los 28.000 habitantes del municipio son hispanos, principalmente mexicanos, en lo que hace 20 años era un extrarradio de Dallas casi exclusivamente blanco.

Pero no queda claro que la carta xenófoba vaya a dar réditos electorales. Varios republicanos que habían adoptado un discurso antiinmigrante perdieron sus escaños en las elecciones. En cambio, los demócratas recibieron el 70% de los votos hispanos, frente al 60% en el 2004. Las elecciones del 2006 serán un indicio del impacto de la hispanización de los estados del sudoeste, Arizona Colorado, Nevada, Nuevo México y hasta partes del feudo republicano de Texas.