Los inmigrantes aportan más al crecimiento de la economía española de lo que reciben a través de nuestro Estado del bienestar. La Oficina Económica del Presidente del Gobierno, dirigida por Miguel Sebastián -candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid-, ha entrado en el espinoso debate sobre si el aluvión de inmigrantes que ha recibido y acogido España desde el 2000 es un reactivo o una rémora para el crecimiento económico español. La conclusión del equipo de investigadores económicos dirigidos por Sebastián, con datos abundantes y contrastados, ha sido relevante y significativa: España crecería medio punto menos del 3,8% actual sin la contribución de esta nueva fuerza laboral.
El método de cálculo de estos datos seguirá sujeto a la controversia académica: hay economistas dispuestos a demostrar que los inmigrantes son una necesidad inevitable por la caída de la natalidad desde hace décadas y que, por tanto, su aportación a la producción nacional será la garantía de las futuras pensiones. Y también hay otras tesis, igualmente bien argumentadas, que advierten de dos efectos poco estimados: quienes han venido a España, al principio solos y al poco tiempo con familia, son usuarios inmediatos de los servicios públicos de educación y sanidad, sin que sus incipientes cotizaciones como trabajadores cubran, ni de lejos, los servicios que reciben. Otra razón adversa, en términos económicos, a la bondad de la inmigración es que ha establecido una competencia, a la baja, con españoles, de los salarios para los puestos de trabajo de menor cualificación.
Bastan dos datos macroeconómicos de la realidad española para desmentir tantos prejuicios. De un lado, tenemos tasas de paro inferiores a la media de la Europa de los Quince, lo que anula de raíz el argumento de que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a los autóctonos. De otro, el crecimiento del PIB español es superior, también, al de la media europea. La única pega es que todo esto se hace con pérdida de productividad y aumento de las importaciones. Pero ya es hora de avisar de que estos indicadores negativos no se deben a la inmigración, sino a la falta de iniciativa empresarial y al deficiente apoyo de las administraciones a la renovación del tejido empresarial.
El mensaje de la Moncloa, por boca de su economista más influyente, es claro: quien utilice la inmigración como causa de malestar social, miente sin paliativos.