El Gobierno presentó ayer un estudio que pretende reflejar la cara positiva de la inmigración: su contribución al desarrollo económico, que ha sido innegable en los últimos años.

El trabajo – dirigido por Miguel Sebastián, asesor del presidente del Gobierno – calcula que hay en estos momentos unos cuatro millones de inmigrantes. En el año 2000, había 900.000, por lo que la media de incremento anual en el último quinquenio ha sido de unos 650.000 inmigrantes.

Sebastián manifestó ayer que cree que la economía española podría asumir una entrada anual de unos 200.000 extranjeros hasta que la población alcanzase los 66 millones de personas dentro de varias décadas. El informe resalta que la mitad del crecimiento del PIB desde el año 2001 se debe a la contribución de los inmigrantes, que, además, aportan a las arcas de la Seguridad Social unos 8.000 millones de euros.

Vistas así las cosas, parece un negocio redondo. Pero el estudio no contabiliza costes difícilmente evaluables como las prestaciones sanitarias o sociales. Tampoco tiene en cuenta el impacto de una posible crisis económica, que suscitaría un fuerte aumento del paro en este colectivo. Y ni siquiera calcula el enorme coste que tendrá para la Seguridad Social el envejecimiento de la población inmigrante dentro de 20 ó 25 años.

Pero la conclusión más polémica es la pretendida capacidad de la economía española de seguir asumiendo la entrada de 200.000 extranjeros por año, lo cual no deja de ser un acto de fe. Máxime cuando se calcula que han cruzado nuestras fronteras otro millón de inmigrantes ilegales en poco más de un año, desde que el Gobierno procedió contra toda lógica a una nueva regularización.

El estudio sigue alentando el mito de que este país tiene una infinita capacidad de acogida. Ayer mismo, Sebastián afirmó que España está todavía muy lejos de Australia, el país con mayor índice de inmigración. La comparación es tan peligrosa como desafortunada, ya que, por sus peculiares características, Australia es una nación cuya identidad ha sido definida por la inmigración anglosajona, como sucedió en Estados Unidos hace dos siglos.

España tiene ya casi un 11% de inmigrantes entre su población total, acercándose rápidamente a países como Francia y Alemania, y no puede permitirse el lujo de crear falsas expectativas a quienes vienen de fuera ni asegurar un puesto de trabajo al millón de personas que residen sin papeles. El irreal estudio de Sebastián es una mezcla de ingenuidad y optimismo, probablemente porque su autor no ha querido dejar un regusto amargo en su actuación final como asesor económico del presidente.