Miles de argentinos abandonan cada año el país buscando un futuro mejor, pero al mismo tiempo un número mayor de personas, al menos unas 50.000, atraviesan las fronteras del norte desde países vecinos. Argentina no recibe ni pateras ni cayucos, pero de los autobuses que llegan hasta el gran Buenos Aires descienden cada día miles de inmigrantes sin papeles procedentes principalmente de Paraguay y Bolivia, que tratan de huir de la pobreza en sus países.

Las duras condiciones en las que se encuentran muchos de ellos a su llegada a Argentina precariedad, explotación y hasta semiesclavismo, debido a su situación irregular han movido al Gobierno del presidente Kirchner, a poner en marcha un plan que en siete meses ha concedido documentación a unos 300.000 extranjeros.

El incendio de un taller textil clandestino el pasado marzo en el centro de Buenos Aires sacó a la luz una dura realidad de la que la sociedad argentina era consciente, pero de la que se hablaba muy poco. Hacinados, en condiciones infrahumanas y trabajando durante largas y extenuantes jornadas a cambio del sustento diario, decenas de personas vivían en el lugar. El siniestro causó seis muertos y una marea de protestas principalmente de la comunidad boliviana.

Los porteños se habían habituado a los vendedores ambulantes de fruta bolivianos, o a las empleadas de hogar paraguayas en situación irregular, pero la tragedia hizo pública la existencia de redes de explotación, en ocasiones gestionadas por los propios compatriotas de los trabajadores. En pocos días, 150 talleres clandestinos situados en la capital argentina fueron localizados y cerrados y sólo un mes después el presidente, Néstor Kirchner, puso en marcha el Plan Patria Grande, dirigido principalmente a los ciudadanos de países del Mercosur (Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela) o asociados (Chile, Bolivia y Ecuador).

Uno de los problemas que tiene Argentina para combatir la inmigración ilegal es que el Mercosur favorece el libre tránsito de personas y, dado que los países que lo forman presentan grandes desigualdades sociales entre ellos, se generan movimientos de miles de personas que oficialmente entran en el país como turistas, aunque su objetivo real es encontrar trabajo y poder enviar dinero a sus familias.

Lourdes Cáceres es un ejemplo de ello. Nacida en la localidad paraguaya de Ciudad del Este hace 33 años, cruza la frontera cada tres meses para volver a ingresar en Argentina como turista. Y así durante los últimos 13 años. “A veces no puedo viajar y entonces tengo que pagar una multa de 50 pesos (unos 14 euros) o acudir a la Embajada de Paraguay para solucionar los papeles”. Cáceres, que en Paraguay tiene dos hijos de 14 y 8 años, ha desempeñado multitud de trabajos, pero fundamentalmente se dedica a la limpieza de casas. Para ella, Argentina es casi más familiar que Paraguay. De hecho, vivió allí con sus padres y otros 12 hermanos hasta 1982. “Entonces llegó la guerra de las Malvinas, mi mamá tuvo miedo y decidió volverse a Paraguay”.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migraciones, entre abril y octubre de este año más de 283.000 personas comenzaron los trámites de su regularización en Argentina, de las cuales el 59% son ciudadanos paraguayos y el 29%, bolivianos. Como dato significativo hay que resaltar que son más mujeres que hombres quienes se han acogido a la regularización.

“El Plan Patria Grande es un modelo que permite la regularización de cientos de miles de extranjeros a los que les falta documentación”, destaca Eugenio Ambrosi, director regional para el Cono Sur de la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Para Ambrosi el éxito del programa argentino se centra en que considerar que las fronteras en muchos casos son divisiones artificiales de un territorio unido históricamente. Para el directivo de la OIM el modelo argentino es susceptible de ser utilizado en otros países con problemas migratorios, como es el caso de EE UU o México.

Junto al hecho de ser uno de los receptores de la inmigración ilegal de la zona, Argentina está experimentando otro fenómeno migratorio irregular pero de naturaleza totalmente diferente. Se trata de ciudadanos de países desarrollados que eligen Argentina porque tienen actividades laborales que no les exigen la presencia física en sus países de origen, o bien porque su situación económica se lo permite. También entran en el país como turistas y salen únicamente cuando el plazo de 90 días otorgado en su permiso de turista está próximo a expirar. La calidad de vida de Buenos Aires, unido a un bajísimo tipo de cambio, ha disparado el fenómeno desde la crisis de 2001. Sólo en lo que va de año, unos 20.000 extranjeros de este tipo que se encontraban en Argentina han solicitado la residencia.

Movilidad y emigración

A diferencia de lo que ha sucedido en otros periodos, los movimientos migratorios se están volviendo muy rápidos y cambiantes, lo que coloca a los países que reciben inmigrantes ante un nuevo reto.

“Los países desarrollados tienen dos alternativas. O están dispuestos a albergar a un número anual increíblemente alto de nómadas de los países pobres, o tienen que utilizar su fuerza de trabajo alterando lo menos posible el paisaje humano y político”, subraya Enrique Aschieri, economista y experto en migraciones de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, quien advierte que hay dos conceptos que se mezclan a menudo y no son lo mismo. “Por un lado está la movilidad, es decir, las personas que se van a otro país pero pasado un cierto tiempo regresan, y por otra parte está la emigración, que son aquellos que no vuelven más a su país de origen. Es verdad que últimamente la diferencia entre ambos conceptos se está difuminando”.