PEDRO BLASCO

El nuevo Defensor del Menor afirma que hay que dar más protagonismo a la familia y a los profesores. Cree que se pueden hacer más cosas por los jóvenes Arturo Canalda (40 años, licenciado en Derecho, casado y con seis hijos) tomó ayer posesión como nuevo Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid en un acto en el que estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la presidenta del Parlamento regional, Concepción Dancausa. Varios consejeros y representantes de los grupos parlamentarios acompañaron a Canalda, así como representantes de la Justicia.

Pregunta. – ¿Cómo se plantea su nuevo trabajo al frente del Defensor del Menor?

Respuesta. – Vamos a profundizar en la labor que han realizado mis dos antecesores, Pedro Núñez Morgades y Javier Urra. Además, intentaremos hacer más cosas en favor de los menores.

P. – Y ¿cómo están los menores en la Comunidad de Madrid?

R. – Bien, pero hay los problemas que todos conocemos. Los menores deben saber que tienen derechos, pero también deberes, y quiero que la familia se implique más en todas las cuestiones que afectan a este importante grupo de habitantes de la región. También pretendemos que los profesores sean más protagonistas, y para ello hay que darles confianza y saber que son una pieza muy importante dentro del proceso educativo. Deben recuperar el protagonismo que tenían hace algunos años y debemos ayudarles desde esta institución. Familia y profesores son dos de las principales líneas de trabajo.

P. – Hay una Ley del Menor que parece que no gusta.

R. – Está en vigor y todos debemos acatarla. Es necesario incidir para que se cumpla y hay que dotarle de los medios necesarios. Nació sin una memoria económica, lo que provocó problemas de aplicación en muchas comunidades autónomas, pero ahora está clara y sabemos el tratamiento que debemos dar a los infractores. Esta norma exige mucha colaboración por parte de las comunidades, ya que en ocasiones es distinta, según la región. Es preciso que incidamos en el desarrollo de la ley, pero yo no voy a decir ahora si hay que cambiarla o no.

P. – Ha habido protestas porque en muchos casos se han considerado las penas muy suaves para el daño cometido.

R. – Lo primero que tiene que comprender el menor infractor es que va a cumplir sus penas. Creo que estas infracciones deben llevar situaciones aparejadas a los hechos que cometan estos jóvenes.

P. – ¿Y si tiene que llamar la atención al Gobierno regional o de la nación?

R. – No tendré dudas en afear las conductas de quien atente contra los menores. Si se hace una cosa mal, lo diré independientemente de que el Gobierno pertenezca a uno u otro color político. Pero además de denunciar, hay que resolver los problemas y vamos a intentar estar en esa línea de trabajo.

P. – Ha dicho usted que familia y educación serán dos líneas de trabajo. ¿Habrá alguna más?

R. – Aún acabamos de aterrizar, pero seguro que trabajaremos también en buscar soluciones a los problemas que se producen respecto al ocio y tiempo libre de los jóvenes. También haremos especial incidencia en las políticas respecto a las drogas y los videojuegos.

P. – Uno de los problemas con los que se va a encontrar es la llegada de menores inmigrantes que van a ser trasladados por el Gobierno a las comunidades autónomas para evitar la situación que se produce en Canarias.

R. – En la política de emigración se han producido errores garrafales. Ahora las comunidades autónomas debemos solucionarlos. Estos jóvenes necesitan que resolvamos su situación y para ello tenemos que tener en cuenta, entre otras cuestiones, que pertenecen a otra cultura. Vamos a tomar las medidas adecuadas para protegerlos.