ANA DEL BARRIO

MADRID.-
Cataluña otorgará en breve los permisos de trabajo a los extranjeros La Generalitat se ha llevado el gato al agua. El Gobierno cederá en breve a la Administración autonómica la facultad para otorgar las autorizaciones de trabajo a los inmigrantes, una competencia que hasta ahora recaía exclusivamente en el Gobierno central.

Ésta ha sido una de las reivindicaciones continuas del Govern tanto bajo el mandato de Jordi Pujol como con el tripartito, demanda que siempre fue rechazada durante el anterior Ejecutivo popular.

Sin embargo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció ayer, durante una comparecencia en el Senado, que el Ejecutivo atenderá inmediatamente la petición de la Generalitat, como viene recogido en los artículos 138 y 170 del Estatuto catalán.

Caldera se comprometió a convocar con la mayor brevedad posible la subcomisión de cooperación Generalitat – Estado en materia de inmigración para poner en marcha la competencia ejecutiva del Gobierno catalán «en materia de autorización de trabajo de extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña». La comunidad autónoma deberá poner en marcha estas competencias, siempre en coordinación con el Ejecutivo central, que seguirá teniendo la facultad de conceder las autorizaciones de residencia.

El senador de Entesa Catalana de Progrés, Miquel Bofill, que preguntó al Gobierno por este asunto, mostró ayer su preocupación por el espectacular aumento de la inmigración, especialmente, en Cataluña. Si en el resto del territorio nacional la población extranjera representa el 10% del total, en la comunidad catalana este porcentaje es aún mayor, especialmente en la provincia de Gerona. Y para ilustrarlo, el senador puso varios ejemplos: en Bañolas, los extranjeros representan un 21% de los residentes; en Torroella de Montgri, un 32%, y en Salt, un 40%. Bofill destacó el caso de Cadaqués, el pueblo emblemático de la Costa Brava en el que residía el pintor Salvador Dalí, donde los extranjeros ya alcanzan el 33%. «En los dos últimos años, Cadaqués ha acogido a 600 bolivianos que por sí solos representan un 20% de la población», manifestó.

«Estos municipios empiezan a estar al límite. Necesitan recursos y que se articulen desde Cataluña políticas activas de control de flujos migratorios de acogida de los nuevos inmigrantes», destacó Bofill.

El parlamentario también reclamó la necesidad de que la Generalitat participe en determinar el contingente de extranjeros, que vienen a trabajar a nuestro país con un contrato firmado en su país de origen.

Desde las filas del PP mostraron ayer su perplejidad porque el Gobierno ceda a las comunidades autónomas una competencia tan importante como la concesión de los permisos de trabajo a los inmigrantes: «Lo único que le faltaba a la política de Extranjería del Ejecutivo de Zapatero era esto. ¿Cómo va a pedir a Europa una política común en inmigración si aquí cada comunidad autónoma va a hacer lo que quiera?», se quejó ayer la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor.

La dirigente popular destacó que desde su partido han reclamado la creación de una Agencia estatal de Inmigración y Empleo «porque lo que hace falta es una mayor coordinación entre las comunidades autónomas», justo lo contrario de lo que, en su opinión, está realizando el Ejecutivo central.

Por otra parte, Caldera también informó en el Senado de que desde el pasado 5 de octubre ya se ha trasladado a 109 menores inmigrantes desde las islas Canarias a la Península, una cifra todavía alejada de los 500 que el Gobierno se comprometió a trasladar.