RAFAEL J. ALVAREZ

MADRID.- El texto, que no incorpora a los inmigrantes ni a los menores, se aprueba hoy en el Congreso La Ley de Identidad de Género, la revolucionaria zancada que permitirá a las personas un cambio registral de sexo y de nombre sin cirugía ni orden judicial, viene hoy al mundo en el Congreso con un montón de derechos nuevos, un par de polémicas por discutir y algunas rendijas de última hora por las que se van a meter transexuales que no estaban en el texto que aprobara en junio el Consejo de Ministros.

Por ejemplo, aquellas personas que, por razones médicas, no puedan recibir un tratamiento hormonal para adecuar su aspecto externo al sexo que sienten serán acogidas como hijas de esta ley. Podrán cambiarse de sexo y de nombre en el Registro Civil.

El proyecto de ley del 9 de junio exigía que para que alguien pueda modificar su identidad deberá haber sido diagnosticado de «disforia de género» y «tratado médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado».

El verano fue un goteo de quejas de transexuales con patologías que impiden que reciban esas hormonas del milagro, arcilla química que a los sanos les va convirtiendo en lo que en verdad son. Los partidos incorporaron esa salvedad a sus enmiendas y los socialistas agrandarán hoy la Ley. «Es un avance más dentro del avance que es la ley en sí. No podemos dejar fuera a personas que no se pueden hormonar porque eso pondría en riesgo su salud. Si no las incluimos en la Ley se quedarán sin salida», dice Carmen Montón, ponente socialista de una norma que viajará hoy desde la Comisión de Justicia del Congreso hasta el Senado.

Pero a Montón se le ha torcido la recta final de la ley. Desde que el sábado aclaró a EL MUNDO que el texto no incluirá a los inmigrantes «porque la ley modifica el Registro Civil español, no el de los países de origen», algunos transexuales han aumentado su presión, añadiendo que la ley también abrigue a los menores.

«El propio Ministerio de Justicia dio por válido el cambio de nombre y de sexo en una tarjeta de residencia de una transexual extranjera que en su país no tenía reconocido el derecho a cambio de sexo. Hay una resolución de la Dirección General de Registros y del Notariado de 24 de enero de 2004 que crea jurispridencia», decía ayer Kim Pérez, presidenta de Identidad de Género de Andalucía, una histórica transexual que se ha apartado de todo «para centrarme en lo que único que importa: nuestra lucha».

En el propio PSOE, Carla Antonelli frunce el ceño. «Es discriminatorio, casi transfóbico, que una resolución ganada por los trans no nos sirva para engrandecer una ley muy buena de por sí».

A la izquierda del socialismo, la diputada de IU Isaura Navarro estaba ayer «molesta», y no sólo por la rehabilitación de su pierna rota. «Un día antes de la aprobación de la ley no conozco las enmiendas transaccionales, las salvedades, que propone el PSOE. No tiene sentido que si un inmigrante reside en España tenga menos derechos que los demás. Muchos transexuales huyen de sus países porque son perseguidos. Si creemos en el derecho de asilo habrá que dar asilo. Y, en cuanto a los menores, pedimos que puedan cambiar de nombre y sexo bajo proceso judicial, de forma muy controlada. La disforia no se diagnostica a los 18 años, la identidad se sabe antes».