LA decimosexta Cumbre Iberoamericana que se ha celebrado en Montevideo (Uruguay) ha puesto de manifiesto las especiales circunstancias en que vive el continente latinoamericano y el momento crucial en el que se hallan sus países, algunos de ellos con importantes contenciosos entre sí. Desde el punto de vista de la institución, la ausencia de siete de los presidentes y primeros ministros de los 22 países asistentes, entre ellos el brasileño Lula, el cubano Fidel Castro y el venezolano Chávez, ha sacado lustre pero no importancia política y social a lo tratado.

La realidad latinoamericana es un colectivo heterogéneo en el que coexisten diversas sensibilidades entre las que se producen diferencias y enfrentamientos. No se puede esperar de las cumbres iberoamericanas, impulsadas con vocación integradora desde España y México, que resuelvan esos contenciosos, aunque son un medio para atenuarlos y para la búsqueda de posiciones comunes ante problemas globales.

Especialmente relevante es el enorme prestigio del rey Juan Carlos en la región y el papel que tiene la Corona española como eje vertebrador de estas cumbres, hasta el punto de que en esta ocasión Argentina y Uruguay han pedido que ejerza de árbitro en el contencioso que mantienen a raíz de la instalación de dos empresas papeleras en su zona fronteriza.

El tema central del debate de la cumbre ha sido la cuestión migratoria, un fenómeno que afecta a casi todos los países del área, con un total de 40 millones de expatriados. En esta ocasión, la cumbre consensuó una declaración – menos ambiciosa de lo esperado- en la que se pide a los países receptores de inmigración (entre ellos España) unas políticas que respeten los derechos humanos de los emigrantes, como la reunificación familiar, al tiempo que se reconoce que los países receptores podrán imponer límites en función de sus necesidades coyunturales, aunque se condenó sin paliativos la construcción del muro que EE. UU. levanta en la frontera con México. También se pide que las remesas de los emigrantes no sean gravadas fiscalmente. Unos acuerdos especialmente importantes para los países emisores.