RAFAEL J. ALVAREZ

Dos jueces paralizan ‘in extremis’ dos repatriaciones de menores ordenadas por la Comunidad de Madrid e Interior A las caras de miedo de dos inmigrantes se unieron ayer los ceños fruncidos de dos jueces españoles, que dictaron con urgencia dos autos para salvar a los menores de una expulsión ordenada por el mismísimo Gobierno. A uno la Justicia le aseguró volver a dormir en su cama madrileña y a otro le rescató del aeropuerto de Barajas, a punto de volver esposado y sin su permiso a la miseria marroquí de la que huyó.

Si este abrigo de emergencia – lo que la jerga judicial llama medida cautelarísima – desplegado ayer se ratifica la próxima semana, S. T. podrá volver a hacer el Camino de Santiago y B. L. podrá demostrar a qué sabe el curso de ayudante de cocina que acaba de terminar.

S. T. y B. L. son dos menores tutelados por la Comunidad de Madrid desde hace más de un año. Uno vive en un piso de la Cruz Roja y otro en un centro del Movimiento por la Paz el Desarme y la Libertad (MPDL), techos desde donde han ido construyendo una vida en español.

Sus dos futuros en democracia casi los borran ayer dos órdenes de repatriación emitidas por la Delegación de Gobierno a instancias de la Comunidad de Madrid, la misma institución que los tutela.

Sin embargo, los juzgados de lo Contencioso Administrativo Números 13 y 21 de Madrid paralizaron las expulsiones atendiendo, de momento, a los argumentos de los abogados de los chicos, el viejo rosario de atentados «contra los derechos fundamentales» cometido por la Administración: no se comunicó al menor la orden de repatriación, no se le oyó, no se le dio la oportunidad de asistencia letrada, no se contactó con la familia, no se tuvieron en cuenta los informes de los educadores…

Y es que con las dos cautelarísimas de ayer ya son 10 las repatriaciones paralizadas por los jueces en lo que va de año.

EL PEREGRINO

Llegó a España en verano de 2005 para buscarse una vida de Primer Mundo y repartirla con su padre enfermo, su madre maltratada y sus cuatro hermanos pequeños. Tres meses después, ya estaba amasando su futuro y el de su familia, tutelado por la Comunidad. Los informes de Cruz Roja hablan de él como un «referente tanto para el equipo educativo como para sus iguales», un joven «atento, colaborador, sensible y cariñoso, cuya integración social y educativa está siendo muy satisfactoria».

Este año, tras acabar un curso de carpintería, aprovechó sus vacaciones escolares para hacer el Camino de Santiago, diálogo interreligioso en carne viva. «Madurez elogiable, siendo un referente para sus compañeros de residencia», dice el informe de la coordinadora del Campamento Itinerante de Cruz Roja Juventud. Tan alta parece su estatura ética que S. T. lleva unos meses trabajando como voluntario para Cruz Roja, «motivo por el cual estamos estudiando la posibilidad de recompensar su labor con una aportación económica», escribió la dirección de Cruz Roja Juventud el 25 de octubre.

Todo tembló ayer, cuando los policías se presentaron en el piso para llevárselo a Tánger. Pero no lo encontraron, porque esa noche había pedido permiso para dormir fuera.

«La Comunidad e Interior vuelven a vulnerar la ley. No han respetado los preceptos legales para repatriar a un menor. Sólo con haberle preguntado a él y a los educadores o con haber visto en qué situación vive su familia habrían descartado la repatriación. En Marruecos hay una ley que castiga la emigración ilegal, o sea, que al chico, además, lo hubieran encarcelado», dicen Patricia Fernández y Pilar Sánchez, las abogadas que ayer madrugaron a toda velocidad para evitar una expulsión injusta.

El Juzgado número 13 consideró «circunstancias de especial urgencia» y suspendió la repatriación.

EL COCINERO

A la dieta mediterránea se apuntó el joven B. E. en cuanto cruzó El Estrecho, hace ahora un año y medio. Y entre aceites de oliva, verduras frescas y legumbres al fogón fue aprendiendo cocina el chaval, integrado día a día con la ayuda de los educadores del MPDL, que hablan maravillas de él. El chico andaba ayer pendiente de un trabajo cuando los policías se presentaron en su piso, armados de un papel que jamás había visto y de unas esposas nada queridas. Se lo llevaron escoltado a Barajas, pendientes todos de un vuelo a Tánger. Pero el abogado Ignacio de la Mata se quitó las legañas más deprisa y corrió a los juzgados. «En este asunto de las repatriaciones de menores estamos en un Estado policial. Ni las comunidades autónomas, ni la Fiscalía, ni el Ministerio del Interior atienden las condiciones que marca la ley. Llevamos 10 cautelarísimas así. Y hay muchas más repatriaciones ilegales a las que no llegamos», dice el abogado. El Juzgado número 21 observó ayer que las «razones de urgencia son innegables» y decidió anular la repatriación porque «ha de darse al interesado la posibilidad de ser oído».