El ministro de Asuntos Exteriores anunció ayer que España impondrá una moratoria de dos años a la libre contratación de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria, países que se integrarán oficialmente en la Unión Europea el 1 de enero de 2007. El Gobierno español ha tomado esta decisión en uso de las competencias de los estados miembros de la Unión para decretar moratorias en la libre circulación de trabajadores procedentes de los países que se van incorporando a la UE en las sucesivas ampliaciones. Hay que recordar que España ya aplicó las mismas restricciones a los trabajadores polacos y húngaros que se incorporaron en mayo de 2004.

Sin embargo, la situación no era ni mucho menos la misma. Al igual que en Francia o en el Reino Unido el debate sobre la inmigración ha tenido como símbolo casi fotográfico el temor al «fontanero polaco», en la España de hoy podríamos decir lo mismo del «albañil rumano». Las cifras hablan por sí solas. En 2001 había 31.641 rumanos empadronados en España. Ahora la cifra asciende a 381.955, a los que hay que sumar la importante bolsa de irregulares que ni siquiera se han empadronado, aunque estén trabajando. El Ministerio del Interior rumano calcula que actualmente residen en España unos 800.000 ciudadanos de ese país, de los cuales más de 500.000 carecen de permiso de trabajo. Es obvio que al establecer la moratoria de dos años, el Gobierno español trata de impedir la regularización automática, el próximo 1 de enero, de más de medio millón de sin papeles, y, sobre todo, la llegada inmediata de al menos otros tantos. Los inmigrantes procedentes de Rumanía han copado masivamente los puestos de trabajo de la construcción, y no sólo porque no haya españoles dispuestos a desempeñar esas tareas, sino también porque cobran menores salarios. Los sindicatos han dado la voz de alarma sobre esta situación y aseguran que están negociando con el ministro de Trabajo las medidas a tomar. Por cierto, que Jesús Caldera volvió a quedar ayer en evidencia, al afirmar – casi al mismo tiempo que Moratinos anunciaba la moratoria – que el Gobierno aún no ha tomado una decisión sobre la libre circulación de rumanos y búlgaros.

La contradicción entre ambos ministros es sólo un botón de muestra de los errores, la descoordinación y las improvisaciones de la política sobre inmigración del Ejecutivo socialista, que con la regularización aprobada a espaldas de la UE ha convertido a España en el paraíso al que quieren llegar tanto los inmigrantes del Este como los procedentes de Africa y Suramérica. La moratoria anunciada por Moratinos es una medida que está en línea con los últimos mensajes de dureza del Gobierno a raíz de la crisis de los cayucos. Pero la medida no deja de ser un parche sólo útil a corto plazo, puesto que dentro de dos años el problema seguirá siendo el mismo. Y eso, en el caso de que se mantenga el ciclo expansivo de la economía, puesto que si se produjera una crisis, los primeros que perderían el empleo serían los inmigrantes. Cabe imaginarse cuáles serían las graves consecuencias sociales de esa situación.