MARISA CRUZ / ANA DEL BARRIO

Exteriores anuncia una moratoria para que los nacionales de Rumanía y Bulgaria no puedan ser contratados hasta 2 años después de entrar en la UE La medida bloquea la regularización en España de medio millón de ‘sin papeles’ Caldera contradice a Moratinos: «La decisión no está cerrada» El Gobierno español anunció ayer, a través del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, la decisión de establecer una moratoria de dos años a la libre circulación de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria, a contar a partir del próximo 1 de enero, fecha en la que ambos países se adherirán a la Unión Europea.

Esta medida restrictiva, que también ha sido anunciada ya por Francia, Reino Unido e Irlanda, tiene como objeto evitar la afluencia masiva de nacionales de los dos nuevos estados comunitarios en busca de trabajo. De no establecerse moratoria de ningún tipo, rumanos y búlgaros podrían, desde el próximo 1 de enero, residir y trabajar en España sin requisito previo, exactamente en las mismas condiciones que puede hacerlo cualquier ciudadano de la actual UE de 25 países.

Los rumanos son el tercer colectivo de inmigrantes más numeroso en España, tan sólo superado por marroquíes y ecuatorianos. Miles de ellos han entrado de manera irregular en autobuses por la frontera de La Junquera (Gerona), por lo que la bolsa de irregulares puede rebasar el medio millón.

La moratoria impuesta por el Gobierno pretende frenar una posible avalancha de rumanos y búlgaros a partir de enero de 2007 ante el reclamo de poder acceder al mercado laboral español con todos los derechos. Miles de ciudadanos rumanos ya se han introducido de manera irregular en nuestro país atravesando la frontera de los Pirineos. Según han informado fuentes policiales rumanas, más de 800.000 compatriotas viven en España, de los que sólo 200.000 tienen autorización de residencia.

Los restantes miembros de la Unión tienen de plazo hasta finales de año para anunciar si seguirán este ejemplo y cerrarán también la puerta a los trabajadores de estos dos países durante un periodo transitorio. España impondrá de esta manera a Rumanía y Bulgaria la misma moratoria que ya fijó para los países del Este que ingresaron en la UE en mayo de 2004.

«Con la adhesión de los primeros 10 nuevos miembros», explicó ayer Moratinos en un desayuno informativo organizado por Europa Press, «establecimos un plazo de dos años y luego, de manera natural y normal, levantamos la restricción a la libre circulación de personas a los dos años». De esta manera, el ministro insistía en que España «no ha cambiado de posición», a diferencia del Reino Unido, que, en 2004, al igual que Irlanda, decidió no establecer traba alguna a los trabajadores del Este y ahora sí ha determinado imponérsela a Rumanía y Bulgaria.

Paradójicamente, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, contradecía ayer a Moratinos y aseguraba que la decisión del Gobierno todavía no está tomada.

La medida que anunció ayer Moratinos afectará exclusivamente a los rumanos y búlgaros que pretendan instalarse a partir de enero en nuestro país, pero no a los residentes legales en España. Éstos disfrutarán desde el primer día del próximo año de todos los derechos reconocidos a los ciudadanos de la UE, incluido el de votar en las elecciones municipales.

Según informaron en el Instituto Nacional de Estadística (INE), las restricciones sólo afectan al mercado de trabajo y, por tanto, todos los rumanos – legales e ilegales – que estén empadronados podrán votar en los comicios. De hecho, los rumanos sin papeles, aunque no podrán trabajar legalmente en España, también serán ciudadanos comunitarios en 2007. Además, su voto puede ser decisivo en varios municipios madrileños y en provincias como Castellón.

La población rumana en España ha aumentado de manera vertiginosa desde que el 1 de enero de 2002 se levantó la exigencia de visado a los ciudadanos de esta nacionalidad, al estar a las puertas de ingresar en la UE. Desde entonces, el trasiego de autobuses de rumanos por la frontera de La Junquera ha sido constante, desbordando por completo al Gobierno.

Como botón de muestra de este crecimiento sin precedentes, basta destacar que si en 2001 había 31.641 rumanos empadronados, en 2006 esta cifra asciende a 381.955, es decir, la población se ha multiplicado por 12. De éstos, casi 400.000 apuntados al padrón municipal, tan sólo la mitad tienen autorización para residir en España. Otros 400.000 ni tan siquiera están empadronados.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, portavoces autorizados explicaron que, en cualquier caso, la moratoria tendrá tintes de «flexibilidad» que se irán definiendo «en negociaciones bilaterales» con los gobiernos de Bucarest y Sofía.

En Exteriores interpretaban también que esta «flexibilidad» debería ser negociada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Se concedía así un papel al Departamento que dirige Jesús Caldera, que no tuvo a la hora de anunciarse la moratoria para los trabajadores búlgaros y rumanos.

Fuentes del Ministerio de Trabajo no ocultaron un cierto malestar e insistieron en que Moratinos no era la persona encargada de anunciar esta medida. Además, afirmaron que será la Mesa de Diálogo Social, en la que el Gobierno se reúne con los sindicatos y empresarios, quien anuncie la posición común adoptada. CCOO y UGT y la patronal CEOE se han mostrado favorables a imponer la moratoria.

Éste no es el primer rifirrafe que mantienen Moratinos y Caldera, sino que los roces también surgieron en la VII Comisión Binacional España – México, celebrada en julio de 2005. Mientras el ministro de Exteriores anunció un cupo de trabajadores mexicanos para ser empleados en España, Caldera le cortó en seco y manifestó que no se había negociado nada.

El anuncio del Gobierno tuvo repercusión en los países afectados. El ministro de Comercio de Rumanía, Iulin Winkler, expresó su confianza en que la realidad demuestre que no tienen fundamento las «preocupaciones» de España sobre la entrada masiva de trabajadores. Mientras tanto, la Comisión Europea defendió abrir el mercado laboral a rumanos y búlgaros, pero respetó la decisión de los países miembros.

Una «medida triste» para un «miedo falso»

La Federación de Asociaciones de Rumanos en España y la Asociación de Inmigrantes Búlgaros coincidieron ayer en calificar de «exagerada» la restricción de dos años que ha anunciado el Gobierno español y aseguraron que el temor a una avalancha de trabajadores de ambos países hacia España es «injustificada».

La Federación de Rumanos opinó que «el temor a una oleada es falso». Su responsable de comunicación, Gelu Vlasin, explicó que en España trabajan «más de 350.000 rumanos» de modo irregular y, por tanto, «no pagan impuestos ni cotizan a la Seguridad Social». Esto es así, añadió, «no por su culpa, sino porque no se les permite regularizar su situación en España».

Para la Asociación de Inmigrantes Búlgaros, la medida española es «exagerada y triste» y se ha adoptado en base a un «miedo infundado». Su secretario, Tihomir Nikolov, espera que el Gobierno español acabe «suavizándola», ya que, en su opinión, el flujo migratorio oscilará «como mucho» entre 6.000 y 10.000 ciudadanos en los próximos años.

Tampoco el Partido Popular acogió con agrado el anuncio hecho por Moratinos. Para la secretaria ejecutiva de Política Social del PP, Ana Pastor, la moratoria es «una muestra más de la hipocresía» de la política del Ejecutivo socialista en materia de inmigración. Según Pastor, el anuncio del ministro es un «mensaje hueco» que responde a la estrategia de «ofrecer una imagen nueva de política migratoria que no se corresponde con la realidad», ya que considera que esta medida no impedirá que los inmigrantes sigan entrando «como hasta ahora».

El PP también aprovechó para destacar la falta de coordinación dentro del propio Ejecutivo y, en concreto, entre los ministros de Asuntos Exteriores y de Trabajo.