A. Rubio /R. Ruiz

Montevideo/Madrid – «Esto no es lo que esperan los países latinoamericanos.
El balance de la política de inmigración del Gobierno del señor Zapatero
es que, en vez de trabajar por una inmigración ordenada y legal, están
entrando en nuestro país miles de inmigrantes que se quedan en España en
situación de irregularidad mientras el Gobierno sigue diciendo que lo está
haciendo muy bien». Así respondió ayer desde Uruguay la secretaria de
Política Social del PP, Ana Pastor, al conocer los datos publicados este
fin de semana por LA RAZÓN sobre la entrada de 15.000 bolivianos cada mes
por Barajas y el traslado a la Península de más de 19.000 subsaharianos
que han llegado a Canarias este año.
Pastor, que ayer participó
en el XII Foro Eurolatinoamericano de Comunicación, que se celebra en
Montevideo, añadió que «tengo la impresión de que todos estamos de acuerdo
en que Zapatero debería trabajar por una inmigración ordenada y legal».
Pastor confirmó que su partido planteará una pregunta al ministro Caldera,
acumulada a las que todavía están pendientes de contestar en el Congreso
sobre este problema. No se puede hacer un balance positivo: «Ha aumentado
el paro entre los inmigrantes, hoy ya hay más demandantes extranjeros de
empleo que nunca y el número de irregulares supera el millón y medio».
Rafael Hernando, miembro de la dirección del Grupo Popular, criticó que el
Gobierno se está convirtiendo en el «último eslabón» de las mafias ya que
la «inoperante» política del Ejecutivo no está poniendo freno a la llegada
de inmigrantes.

Sin personal ni medios
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) opina que el problema de fondo es
que «en España no existe ninguna unidad policial específica para perseguir
a los inmigrantes que residen en el país de manera ilegal». A los
subsaharianos que vienen de Canarias «se les abre una orden de expulsión y
se convierten en residentes ilegales porque no tenemos ni medios ni
personal que se dedique a hacer un seguimiento de estas personas», explicó
el portavoz del SUP, Maximiano Correal. En cualquier caso, cree que la
repercusión de los subsaharianos en la inseguridad ciudadana es mínima
porque «no se distinguen por delinquir».
Con respecto a la
entrada masiva de bolivianos, «la realidad viene a demostrar que hay pocos
policías y demasiados pasajeros. Para que no se queden como residentes los
que vienen como turistas hace falta más personal en el aeropuerto»,
explico Correal. De hecho, recordó que el propio comisario jefe de Barajas
ha solicitado un aumento de 150 personas en la plantilla.
Especial
preocupación sobre la entrada masiva de bolivianos ha mostrado CiU. El
diputado y portavoz en Inmigración Carles Campuzano explicó que «el visado
se tenía que haber activado hace tiempo porque ya vimos una disminución
importante de llegadas de colombianos y ecuatorianos cuando se impuso este
requisito. Llevamos tiempo afirmando que al Gobierno le ha faltado
capacidad de previsión». Con respecto a los 19.000 traslados de
inmigrantes a la Península, que pasan a ser inexpulsables y la
repatriación sólo de 8.077 a África, el diputado de CiU explicó que «toda
la política de repatriación y acuerdos con países africanos es necesaria,
pero llega tarde».
El portavoz de Inmigración de IU, Javier
Alcázar, se mostró partidario de crear un «conducto formal instalado en
los países de origen de la inmigración para que canalice las demandas de
trabajo de los que quieren venir a España».