E. Villar/E. Estival
madrid – Se llama Mohamed E. A. Nació en Marruecos hace 42 años. Ha sido
arrestado en 97 ocasiones, la última el pasado fin de semana, en
Barcelona, y ha llegado a utilizar hasta diez identidades. Un currículum
que le convierte en uno de los habituales de las comisarías , aunque,
desde luego, no es el único. A. M. Q. fue puesto en libertad en septiembre
tras ser arrestado en Alicante acusado de encubrir un asesinato. Tiene más
de un centenar de antecedentes por robos y atentados contra agentes de la
autoridad. Y así decenas y decenas de siglas nacionales y extranjeras con
órdenes de busca y captura incluidas. Son los conocidos como
«multirreincidentes». Y son una verdadera pesadilla para las Fuerzas de
Seguridad.
Mohamed fue arrestado junto a cuatro compinches, todos
árabes, acusados de integrar una banda dedicada a robar tarjetas a
turistas para comprar productos que luego vendían en el mercado negro. La
elección de las víctimas no era casual: estadounidenses, canadienses y
japoneses, porque trabajan con entidades bancarias que tardan días en
anular las tarjetas en caso de sustracción, lo que daba a los ladrones
margen para utilizarlas. Pero pecaron de exceso de confianza. Hicieron
compras «desproporcionadas» en un mismo barrio – Poble Nou, en la Ciudad
Condal – , lo que levantó las sospechas de la Policía, que resultaron ser
fundadas.
Cada vez que una noticia de este tipo salta a la opinión
pública, el ciudadano percibe que algo falla. En eso coinciden policías,
jueces y fiscales. En eso, y en que hay que tomar medidas. Lo más
sorprendente es que algunas de las deficiencias son tan elementales como
el hecho de que del robo que cometa un delincuente, pongamos por caso, en
Murcia, no queda constancia en la vecina Almería. O que los datos de los
antecedentes no están actualizados. O que los distintos Cuerpos de
Seguridad no comparten los mismos listados. Trabas incomprensibles que
limitan la efectividad de cualquier mejora en la ley.
La reforma del
Código Penal emprendida en 2003 iba encaminada a perseguir con mayor
eficacia a los multirreincidentes. Entre otras cosas, incluía como novedad
el hecho de que cuatro faltas de la misma tipología cometidas en un mismo
año serían constitutivas de delito. Pero el legislador no contó con ese
enemigo en que en ocasiones puede convertirse la informática.
Sin registros comunes
Según denuncia el portavoz
de la Asociación de Fiscales, Guillermo García – Panasco, no existe un
Registro de Faltas común para todas las provincias, de tal forma que
cuando el representante del Ministerio Público accede a la «hoja de
servicios» de un detenido sólo le aparecen las faltas cometidas en esa
provincia. Si el detenido, un carterista, por ejemplo, llevó a cabo los
tres robos anteriores en esa misma provincia, la Justicia y las víctimas
están de suerte: al arrestado se le podrá imputar un delito. Si los hurtos
los cometió en más de una provincia, al delincuente le sonríe la fortuna:
según el registro, no habrá acumulado aún «méritos» para la comisión de un
delito. Otra vez será.
«Hace falta algo tan sencillo – se
lamenta García – Panasco – , como que podamos dar a una tecla y nos aparezcan
los antecedentes de un detenido, ir al Juzgado correspondiente y pedirle
condena. Esto sólo se puede hacer ahora si el detenido no se ha movido de
la provincia».
Esta base de datos interprovincial sí existe,
por ejemplo, en el Registro de Penados y Rebeldes, aunque aquí tampoco la
infraestructura está del lado del administrador de Justicia. El juez
decano José Luis González Armengol se queja de que en ocasiones se tarda
hasta cuatro meses en incorporar a esta base de datos los antecedentes de
los detenidos. Demasiado tiempo para los delincuentes expertos en
delinquir nada más poner un pie en la calle.
Y aún queda una
laguna más. La referida a extranjeros. La Policía Local no tiene acceso a
muchos de los datos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, según
González Armengol, con lo que un detenido puede tener suerte si improvisa
sobre la marcha otro nombre. Demasiado fácil. «Con una mejora en las
técnicas actuales se evitarían este tipo de fraudes», asegura. En el
Ministerio de Justicia admiten que las faltas no están unificadas en un
sólo registro, pero señalan que está previsto incorporarlas al Registro de
Penados y Rebeldes.
Sin embargo, los agentes de Policía, que sufren
de primera mano esta aparente impunidad, ven el origen del problema en el
propio sistema judicial. Para el portavoz del Sindicato Unificado de
Policía, Maximiano Correal, sobre todo falla el principio de inmediatez de
la pena. «Entre que un delincuente comete un delito y entra en la cárcel
pueden llegar a pasar hasta dos años. Al ver que no entra en prisión se
cree libre y vuelve a robar, a violar, a agredir… Porque al final
delinquir le sale gratis», asegura.
«Muchos de los que ahora se
sientan en el Consejo de Ministros se encargaron de eliminar del Código
Penal del 95 el agravante de reincidencia y lo que ocurre ahora es que se
ha potenciado. Y no solo eso, sino que además los que ingresan en
preventiva – cuando se prevé que la pena va a ser superior a seis años – son
pocos porque con esta reforma legal se aminoraron las penas por ejemplo
para delitos contra la propiedad», afirma Correal.
La
inmigración y la saturación de las prisiones españolas en este caso una
dificultad más, ya que, según recuerda Correal, «un tercio de la población
reclusa es inmigrante. Existe la posibilidad para evitar este hacinamiento
de que los reos extranjeros cumplan sus últimos seis meses de condena en
sus países de origen. Sin embargo no se les informa de esta opción porque
este proceso conlleva un papeleo que tienen que hacer los funcionarios y a
éstos no les interesa porque es más trabajo y al final cobran lo mismo al
acabar el mes».
Por su parte, el portavoz de la Asociación
Profesional de la Magistratura, Antonio García, admite «grietas y
carencias» en el sistema, que se ponen de manifiesto en una
«insatisfacción» en la ciudadanía. Y aporta tres soluciones: ofrecer
programas de desintoxicación a drogodependientes, desarrollar medidas de
prevención y, por último, penas más duras. «Si las dos medidas anteriores
han fracasado, entonces, y sólo entonces, es necesario endurecer la
respuesta penal», señala.
¿Y no debería empezarse por ahí?
O, dicho de otra forma. ¿Qué se puede hacer con aquellos que han
demostrado de forma fehaciente que no están dispuestos a reinsertarse?
Porque parece difícil convencer a Mohamed, con 97 arrestos a sus espaldas,
para que vuelva a comportarse como un ciudadano respetable…
«La
respuesta penal tendrá que ser contundente ante los que han demostrado que
no se quieren reinsertar – afirman desde la APM – . En un momento dado, el
cuerpo nos puede pedir endurecer por endurecer la legislación, pero eso no
es eficaz. No tenemos ninguna duda de que poner 10 donde el Código Penal
dice 5 no es la solución. El drogadicto que necesite delinquir lo va a
seguir haciendo aunque se le amenace con una pena de siete años en lugar
de uno».