Europa Press Estrasburgo

El pleno del Parlamento Europeo decidió ayer aumentar en 14 millones de euros la dotación de la Agencia de Control de Fronteras para 2007 con el objetivo de responder de manera más eficaz a los crecientes flujos de inmigrantes. El presupuesto total de Frontex el año que viene ascenderá a 34 millones de euros, frente a los 12 de 2006.

El incremento se aprobó como parte de la primera lectura del presupuesto de la UE para 2007. Ahora se tendrá que llegar a un acuerdo con los Veinticinco, que habían recortado a 20 millones de euros la propuesta inicial de 21,2 millones que hizo el Ejecutivo comunitario.

De la subida de 14 millones que pide la Eurocámara, cuatro millones se reservan para financiar operaciones como las patrullas que realiza Frontex en las islas Canarias. El resto se destinará a personal.

Por otro lado, Amnistía Internacional denunció que un año después de la muerte de trece inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla «continua un absoluto clima de impunidad» en la zona y no hay «resultados visibles» de las investigaciones abiertas, según un informe que enviará al Consejo de Europa y a la ONU.

El director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, dijo que los Gobiernos español y marroquí no han abierto investigaciones «efectivas» y no han adoptado medidas disciplinarias tras lo ocurrido en los perímetros fronterizos de ambas ciudades autónomas.

«El riesgo de violación de los derechos humanos sigue siendo el mismo que hace un año», recalcó.

Anunció que las investigaciones de AI sobre este asunto serán comunicadas a las Naciones Unidas y al Consejo de Europa, con la finalidad de que «presten atención a la ausencia de resultados visibles en torno a los hechos acontecidos» entre agosto y setiembre de 2005 en las dos ciudades autónomas.

Entre las recomendaciones del informe de Amnistía al Gobierno español, Beltrán destacó la creación de una agencia independiente que pueda investigar cualquier tipo de violación de derechos humanos.

Asimismo, opinó que es inadmisible que las autoridades españolas sostengan que la Ley de Extranjería «no es de plena aplicación entre las dos vallas fronterizas, lo que supone la existencia de un limbo legal denunciado no sólo por Amnistía sino por el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo».