AGENCIAS/MADRID
Amnistía Internacional (AI) presentó ayer en un informe en Madrid en el que denuncia que las autoridades no hayan depurado aún responsabilidades sobre la actuación de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes que participaron entre agosto y octubre de 2005 en los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla – en los que murieron 13 inmigrantes y cientos de ellos resultaron heridos – y que tampoco se hayan tomado las medidas preventivas oportunas, por lo que pondrá este estudio en manos del Consejo de Europa y de la ONU.

En este nuevo informe de AI, basado en los testimonios de las víctimas y en los contactos que ésta ha mantenido en el último año con las autoridades de España y de Marruecos, la organización, en boca de su director, Esteban Beltrán, critica el clima de impunidad «total y absoluta» existente sobre lo ocurrido hace ahora un año. Según destacó Beltrán, ni España ni Marruecos han abierto investigación alguna sobre la actuación de la Guardia Civil y la Gendarmería marroquí en los citados incidentes, ni han tomado medidas disciplinarias en relación con las muertes y el maltrato que, según indicó el director de AI, se dio a los migrantes, sobre los que se aplicó un «excesivo uso de la fuerza» y se utilizó material antidisturbios (gruesas bolas de goma), así como armas de fuego.

Por este motivo, AI anunció además que va a enviar el informe a los organismos internacionales de Derechos Humanos (Naciones Unidas y Consejo de Europa), con el fin de que presten atención a la «ausencia de resultados visibles» en relación con los hechos ocurridos hace un año en Ceuta y Melilla.

Expulsiones

Beltrán explicó que la Guardia Civil expulsó de manera ilegal en la zona entre las dos vallas fronterizas a muchos de los inmigrantes que pretendían acceder a territorio español, sin que les dieran la opción, tal y como exige la ley, de recibir asistencia letrada, ni acceso a un intérprete ni mucho menos la opción de solicitar asilo.

La organización puso también sobre la mesa la situación que se vivió al otro lado de la frontera con España, donde miles de personas fueron detenidas por las autoridades marroquíes que los expulsaron a la frontera con Argelia, sin que estuviese asegurada su integridad física ni se les diera la posibilidad de impugnar la decisión.

Pero es que, un año después de que se registraran estos incidentes en la frontera entre España y Marruecos, «el riesgo de violación de los Derechos Humanos sigue siendo el mismo», señaló el directo de AI, puesto que «no se han tomado medidas preventiva» ni se han depurado responsabilidades sobre lo ocurrido. Por tanto, el territorio entre las vallas, según sus propias palabras, «sigue siendo un limbo legal en que no se aplica la Ley de Extranjería». Beltrán argumentó esta afirmación señalando que en la actualidad «nadie puede acceder a Ceuta y Melilla para pedir asilo político y, lo que es peor, se sigue pudiendo aplicar el uso de la fuerza», según se desprende de las denuncias recibidas por Amnistía Internacional.

Investigación

Con el objetivo de intentar poner solución a esta situación de impunidad, AI sugirió al Gobierno español que cree un organismo independiente con recursos suficientes para investigar todas las denuncias de violaciones de Derechos Humanos y el establecimiento de un protocolo de uso de la fuerza por parte de los Cuerpos de Seguridad.

Además, AI instó a la UE a que se asegure de que España lleva a cabo sin demora investigaciones «minuciosas, independientes e imparciales» sobre el uso excesivo de la fuerza o de las armas de fuego, y que asimismo se asegure de que cualquier acuerdo de readmisión firmado entre la UE y Marruecos incorpora disposiciones adecuadas sobre derechos humanos.

Sin vía judicial

La abogada Virginia Díaz desveló que está «peleando» por abrir la vía judicial en relación al caso de un congoleño que resultó herido en el salto masivo del 29 de septiembre de 2005 ocurrido en Ceuta.

El inmigrante recibió supuestamente disparos de bala de la Guardia Civil, lo que causó la amputación de un dedo del pie izquierdo y la amputación parcial de otro dedo, pero el caso no está en los tribunales porque el equipo médico que le atendió no remitió un parte de lesiones al juzgado.