El presidente George W. Bush firmó ayer la llamada ley del Muro, que autoriza la construcción de 1.100 kilómetros de doble valla en la frontera con México, una drástica medida que contenta al ala más conservadora de los republicanos, a poco más de una semana de las elecciones legislativas. El Gobierno de México expresó su más enérgico rechazo, al igual que otros Gobiernos latinoamericanos.


«Tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad en nuestras fronteras, y nos la tomamos muy en serio», dijo Bush en la ceremonia formal en la Casa Blanca con la que ratificó la entrada en vigor de esta medida aprobada en septiembre por el Congreso. El muro se levantará en diversas tramos de los 3.141 kilómetros de frontera que EE.UU. comparte con México, como California, Arizona, Nuevo México y Tejas. Para su construcción ya se destinaron 1.200 millones de dólares, incluidos en un paquete aprobado semanas atrás. No obstante, y según diversas estimaciones, el coste total superará los 6.000 millones de dólares.


El debate sobre la pendiente reforma migratoria es uno de los más calientes de los últimos tiempos. Fue un tema clave en las elecciones presidenciales del 2004 y lo vuelve a ser ahora a las puertas de las legislativas.


Pero el guiño de Bush a las bases más conservadoras le puede costar caro, pues según una encuesta realizada esta semana por la CNN sólo el 45% de los estadounidenses están a favor del muro. Incluso el propio presidente se mostraba reacio hace unos meses a aprobar esta medida en solitario. Era partidario de sacar adelante también un programa de trabajadores temporales que permita ordenar el sistema migratorio e incluso abrir un camino para la regularización de los 12 millones de inmigrantes sin papeles , la gran mayoría mexicanos. Tras firmar la ley, volvió a insistir en este punto: «Debemos reducir la presión sobre nuestra frontera creando un plan de trabajadores temporales».


La luz verde dada por Bush fue criticada desde distintos frentes. El Partido Demócrata señaló, a través de su portavoz Luis Miranda, que «abandonando una reforma migratoria integral y mirando más a los réditos electorales, Bush y los republicanos en Washington han vuelto a poner una vez más los intereses de partido por encima de los del pueblo americano».


El Gobierno saliente de Vicente Fox reiteró su indignación por el «muro de la vergüenza», y se quejará ante la ONU. La Organización de Estados Americanos criticó la medida, y para Amnistía Internacional, el muro «criminaliza» a la inmigración.