Madrid – El Ministerio de Educación ultima en los meses que restan hasta
fin de año los reales decretos que desarrollan la nueva Ley Orgánica de
Educación. Sobre la mesa, un complicado reto: conjugar las exigencias de
la Iglesia y del Gobierno en la enseñanza de Religión. En el horizonte,
una encrucijada: la negativa de miles de familias a que sus hijos reciban
la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
    – En las
últimas semanas se han intensificado las reuniones con los obispos para
abordar el tratamiento de la Religión en la escuela ¿Qué impide que haya
un acuerdo? – La asignatura de Religión plantea no un problema pero sí una
interferencia de normas, que son lo que la Constitución establece sobre el
derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, un
derecho absolutamente reconocido e incuestionable, los acuerdos con la
Santa Sede y la Ley Orgánica de Educación. Y el principio absolutamente
básico que tiene que ver con todo ello es que el derecho de los padres que
quieren educación católica para sus hijos tiene el mismo peso que el
derecho de aquellos que no la quieren. Poner de acuerdo a todo esto no es
una tarea fácil y al mismo tiempo queremos que los centros puedan
organizar internamente la docencia de manera que no produzca desajustes o
tratos discriminatorios… No es que haya imposibles, pero sí es verdad
que es una cuestión con una cierta complicación de organización.
    – ¿Hay margen para el acuerdo? ¿El Ministerio está dispuesto a ceder o
espera que la iglesia lo haga?
    – Cuando se busca un acuerdo eso
implica que las partes ceden siempre dentro de unos límites que son
incuestionables, y este principio del derecho por igual de todos es un
principio irrenunciable, tenemos que organizar la Religión de manera que
no atente contra los derechos de nadie y que ningún niño resulte
discriminado a la hora de organizar la enseñanza en las escuelas.
    – ¿El Gobierno está dispuesto a poner alternativa en Secundaria?
    – Estamos barajando todas las posibilidades, pero está claro que el derecho
de los que quieren cursar la asignatura de Religión, si respetamos el
derecho de los que no quieren, no se puede convertir en una obligación
para ellos.
    – No me queda claro lo que quiere decir…
    – Pues eso ahora mismo quiere decir exactamente eso. El derecho de algunos
no puede convertirse en obligación para otros.
    – ¿Eso quiere
decir que no habrá alternativa?
    – No, eso quiere decir ahora
mismo exactamente eso.
    – ¿Hubieran dejado la Religión como estaba de
haber tenido mayoría en el Congreso?
    – Yo no sé si los
ciudadanos en general tienen claro cuál es la situación que hay ahora
mismo con la asignatura de Religión, y a lo mejor habría que empezar por
ahí.
    – ¿Y cuál es?
    – La situación
de la Religión deriva de un real decreto del año 94, que establece
atención educativa en Primaria, alternativa en dos años de la educación
Secundaria y margen de autonomía en Bachillerato, ya son mayores de edad y
los alumnos deciden. Me da la impresión de que muchos ciudadanos pueden
tener una idea un tanto equívoca de cuál es la situación ahora mismo, qué
es lo que está proponiendo el Gobierno y hacia dónde vamos. Este Gobierno
respeta absolutamente los principios constitucionales y todo lo que se
deriva de ellos, no hay ninguna situación que intente ir más allá del
respeto a la Constitución.
    – Si no hay alternativa, ¿qué pasará
con ese 50 por ciento de alumnos que en Secundaria no elige la Religión?
    – Yo no he dicho que no vaya a haber alternativa.
    – Si
no la hay, digo.
    – Los alumnos tendrán que recibir la atención que
necesitan en los centros. Insisto en que no es fácil.
    – Antes de
final de año deben estar cerrados todos los decretos de desarrollo
curricular. ¿Se han marcado ya un plazo para llegar a un acuerdo con los
obispos?
    – Seguimos reuniéndonos, pero efectivamente los decretos de
desarrollo curricular tienen que estar aprobados antes de final de año.
    – O sea, que también hay que llegar a un acuerdo antes…
    – Sí.
    – La semana pasada se presentó el libro de
islam en Primaria, muy criticado por la financiación del Gobierno, ¿qué
tiene que decir el Ministerio de Educación?
    – Tengo entendido
que esto que ha llamado financiación del Gobierno es una ayuda económica
de una fundación que depende del Ministerio de Justicia. No deberíamos
jugar con equívocos sobre quién financia qué.
    – ¿Están
dispuestos a suavizar los contenidos de Educación para la Ciudadanía?
    – Me gustaría que los contenidos de esta materia se conocieran en sus justos
términos. Los borradores no entran para nada en asuntos de moral privada,
no entran absolutamente para nada en algunos de los temas que se han dicho
y que tienen que ver con la clonación humana, con la eutanasia… Es una
materia que tiene que ver con los derechos humanos, con la Constitución y
el desarrollo constitucional, y espero que esto quede claro y dejemos de
plantear equívocos.
    – En las conversaciones con los obispos ¿se
está hablando también de Educación para la Ciudadanía?
    – No.
    – ¿Han pensado ya qué pasa con la objeción de
conciencia, si será o no posible?
    – Bueno, Educación para la
Ciudadanía es una materia, según explica la Ley Orgánica de Educación,
como el resto de materias, y por lo tanto es una materia obligatoria.
Insisto en que por sus contenidos me costaría trabajo pensar que se pueda
plantear la objeción de conciencia; ahora, si se plantea una vez que se
conozcan los contenidos de la asignatura serán los tribunales los que
tengan que decidir.
    – ¿Se han planteado si tendría que dar cobertura
jurídica a los centros si las familias objetan?
    – Los centros no
tienen que defenderse jurídicamente de la aplicación de la ley, esto sería
en todo caso un asunto de las familias ante los tribunales de justicia,
entiendo.
    – ¿Cabe alguna posibilidad de que Educación para la
Ciudadanía fuera alternativa a la Religión?
    – No, estamos
hablando de dos cosas distintas. Educación para la Ciudadanía es una
materia que forma parte del currículum de acuerdo con una ley aprobada en
las Cortes. La Religión es una materia que tiene ese estatus derivado de
lo que reza la Constitución más los acuerdos con la Santa Sede y una cosa
no es alternativa de la otra.
    – Van a aumentar las horas de
Matemáticas e idiomas y a reducir la Lengua castellana, ¿cuál es el
criterio que se ha seguido?
    – No es una reducción exactamente de la
Lengua castellana sino una redistribución de horas de todas las materias
relacionadas con la lengua. Puede dar la impresión de que se reduce la
Lengua española, pero en realidad hay una reordenación y las comunidades
tendrán un margen para ajustar ahí los porcentajes. El criterio es
reforzar las materias instrumentales, que son las básicas.
    – ¿Cree que así se mejorarán los indicadores de la OCDE?
    – Estamos en ello. Es verdad que la situación española no es la mejor, pero
está a pocas décimas de los países que ocupan un estatus intermedio. Queda
mucho por hacer y los objetivos de la LOE hacen especial hincapié en el
refuerzo de estas materias instrumentales, las matemáticas, la lengua…
    – La semana pasada dijo en el Congreso que se exagera el problema de la
violencia escolar.
    – Hice una referencia al ambiente general que se
creó durante unos días, cuando empezaron a acumularse informes, casos
puntuales, me pareció de pronto que esto se convertía en el estado de
ánimo general del sistema educativo español. No hay que tener ninguna
tolerancia con la violencia en los centros, pero hice una apelación a la
responsabilidad para plantearlo en los términos que nos ayuden a
resolverlo y no en unos términos que puedan convertirlo en un asunto que
siembre inquietud en el conjunto de las familias, porque el sistema
educativo español no es esto.
    – ¿Se debe reforzar la autoridad
del profesor para solucionarlo? – Hay que reforzar la autoridad del
profesor, pero además hay que brindarle los recursos materiales, recursos
humanos, preparación necesaria para hacer frente a estas situaciones
cuando se produzcan. Hablamos de niños y adolescentes y es un tema siempre
muy delicado. – En un análisis un poco somero, ¿por qué cree que se están
produciendo todos estos casos?
    – Todos estos casos no son tantos e
insisto en que aunque fuera solamente uno ya habría que prestarle la
atención que merece. En los casos que se han planteado no tenemos por qué
pensar que el centro y el funcionamiento de las escuelas es lo que
promueve estas situaciones, si no que tenemos que tener una capacidad para
entenderlas en un contexto más amplio. La sociedad española es
heterogénea, debemos educar a los niños y a los adolescentes en la cultura
de la tolerancia, del diálogo, pero también de la conciencia de los
derechos, de las libertades y los deberes de cada uno. Educar en esta
dirección es la mejor manera de conseguir hacer frente a estas situaciones.
    – Una de las asignaturas pendientes de la universidad es el acceso del
alumnado inmigrante, ¿qué se puede hacer para fomentarlo?
    – El crecimiento de la inmigración en España es relativamente reciente y
por lo tanto lo estamos empezando a notar en enseñanza infantil y
primaria, y es lógico esperar que eso vaya subiendo en los distintos
escalones del sistema educativo y llegue a la universidad. Pero hay una
razón contra la que habrá que pelear y reforzar las políticas de
incentivación que puede tener que ver con el hecho de que estas familias y
sus hijos opten por intentar entrar al mercado laboral a una edad
temprana. También es verdad que las familias inmigrantes tienen un empeño
especial en la movilidad social ascendente y cunde la idea de que la
formación universitaria puede favorecerla. Es muy probable que veamos
llegar a la universidad en años próximos a una población inmigrante
importante y, por supuesto, habrá una política de becas que lo apoye.
    – Los profesores dicen que no tienen medios para atenderlos.
    – Medios se están proporcionando, lo hacen las comunidades autónomas y lo
hace también el Ministerio a través de convenios y programas con las
comunidades, como el programa PROA, que dobla este año el número de
centros, de 600 a 1.200, que tienen que atender a población con
necesidades educativas especiales o de refuerzo. Hay programas de
formación que insisten de manera creciente y que forman al profesorado en
la atención a una población estudiantil cada vez más diversa. Y lo cierto
es que la respuesta que el sistema educativo está dando hasta ahora a esta
cuestión es muy positiva, quizá esto también debería darse a conocer.
    – ¿Hay ya algún resultado de la comisión que estudia la financiación de las
universidades?
    – La comisión está terminando el informe. Tenemos que
garantizar una financiación estable y suficiente, pero tenemos también que
pedirles a las universidades que rindan cuenta de la utilización de esa
financiación, es decir, que haya una financiación por objetivos y por
evaluación de resultados.