Stratford-upon-Avon. Los ministros del Interior de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia acordaron ayer impulsar una propuesta común para controlar los flujos de inmigración tanto legal como ilegal hacia territorio europeo con medidas como la mejora del sistema de repatriaciones.

El llamado Grupo de los Seis (G6) expuso sus planes en política migratoria al término de una reunión de dos días en la localidad inglesa de Stratford-upon-Avon, en la que trataron de terrorismo, inmigración clandestina y crimen organizado.

Durante la cita a las afueras del pueblo donde nació William Shakespeare, los ministros estudiaron una propuesta franco-alemana, que ya había sido presentada a España hace tres semanas, para hacer frente común desde Europa a la cuestión de la inmigración. Esta propuesta, que se presentará, más completa, en el próximo Consejo de ministros del Interior de la Unión Europea (UE), incluye medidas como el establecimiento de un sistema común de asilo, así como aumentar la colaboración con terceros países para que controlen la salida de inmigrantes o faciliten su repatriación.

mafias y rutas del tráfico El G6 también estudiará incrementar la cooperación policial en las fronteras para atajar las rutas de inmigración ilegal, y tráfico de personas, desde África y el este de Europa. En la rueda de prensa posterior a la reunión extraoficial, el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, subrayó que los países europeos deben “trabajar de manera coordinada” porque “los problemas son los mismos”.

Posteriormente, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que España está de acuerdo con el grueso de la propuesta franco-alemana, aunque introducirá algunas modificaciones. “La música de la propuesta me suena bien, y en la letra hay algunos cambios que España quisiera hacer”, dijo el ministro, que señaló que algunas de las propuestas van en la línea de lo que el Estado español defiende ya ante la Unión Europea. Reid explicó, por su parte, que, aunque cada país “tiene derecho a decidir su política migratoria”, “la fuerza de la UE puede utilizarse para negociar con terceros países de forma que eviten los flujos de inmigración ilegal antes de que lleguen a Europa”.

Por otra parte, el Parlamento de Canarias rechazó ayer, con los votos de CC y PP, una iniciativa socialista para promover la firma de un pacto en contra del racismo y la xenofobia, ante la situación creada por la llegada de inmigrantes en los últimos meses. Tanto CC como PP se opusieron al pacto al considerarlo “un puro intento de manipulación de la opinión pública”, según el portavoz nacionalista, José Miguel González, y un intento de “vender humo de la hoguera del buen rollito del baboso talante”, en opinión de la diputada del PP Cristina Tavío.

El grupo Socialista, con apoyo del grupo Mixto y de tres diputados de CC encuadrados en el partido Nueva Canarias, planteó la iniciativa ante el peligro que ve en la proliferación de mensajes contra una supuesta “invasión” de inmigrantes.

Además, la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, hizo ayer un llamamiento a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que acojan a los menores subsaharianos, como prometieron. “A día de hoy, no hay ni una comunidad autónoma del PP que haya puesto una plaza a disposición de estos traslados”, afirmó tras recordar que “el casi centenar” de menores han sido trasladados a CCAA gobernadas por el PSOE.

Rumí admitió que los traslados de menores se están realizando “no al ritmo que nos gustaría”, pero remarcó que la rapidez está sujeta a la disponibilidad de plazas por parte de las comunidades autónomas. >agencias

Impunidad policial en Ceuta y Melilla
Amnistía Internacional hizo ayer público un informe muy crítico con el Gobierno por no haber investigado la muerte de 13 inmigrantes en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla cuando intentaban llegar a España en septiembre y octubre de 2005, lo que crea un “clima de impunidad”. La organización de defensa de los Derechos Humanos expresó además su “gran preocupación por las acusaciones de un uso excesivo contra la Guardia Civil, incluido el uso de armas de fuego para hacer frente a los inmigrantes y demandantes de asilo”. El informe, basado en testimonios de las víctimas y en contactos con Madrid y Rabat, concluye que “aunque las autoridades españolas y marroquíes han abierto investigaciones sobre las muertes, todavía no se han hecho públicos los resultados de ninguna de ellas, y no hay suficientes garantías de que esas investigaciones sean exhaustivas, independientes e imparciales”. Añade que AI “no tiene conocimiento de que se hayan tomado medidaspreventivas contra los sospechosos de ser responsables de las muertes y malos tratos”. >agencias