DANIEL G. SASTRE

BARCELONA.-El Govern que salga de las urnas se enfrenta a retos verdaderamente importantes en materia de enseñanza. La aprobación del Pacte Nacional per l’Educació ha llenado de expectativas, pero también de incógnitas, el futuro de la docencia. «Las escuelas son las filas de fortificación de la república», dijo Horace Mann, educador estadounidense y primer gran defensor de la enseñanza pública. Los partidos cada vez tienen más en la cabeza esa reflexión. Como sucede con los medios de comunicación, resulta innegable que los centros educativos son unas suculentas plataformas para que el mensaje que se quiere que interiorice la sociedad, o la ideología que se quiere propalar, cale desde la base. Los adultos del futuro habrán aprendido a vivir con unos valores determinados que, mucho o poco, les acompañarán toda su vida.

Es por ello que todos los gobiernos se preocupan tanto por dominar esta área, independientemente del trabajo que hagan para mejorar la educación, o de si ponen el acento en impulsar la escuela pública o la privada. Durante las negociaciones para formar el Gobierno tripartito, a finales de 2003, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se quedó con el Departamento. Josep Bargalló, primero, y Marta Cid, después, dirigieron con las ideas claras un área que CiU había diseñado a su imagen y semejanza.

De hecho, el Departamento de Educació es uno de los pocos por el que sacan pecho los republicanos. Su gestión, pese a que se vio salpicada de sospechas en cuanto al respeto a los derechos lingüísticos de los castellanohablantes, les permitió firmar el Pacte Nacional per l’Educació, que consiguió un considerable consenso y que implantó medidas inauditas, como la sexta hora, que busca reducir las distancias entre los alumnos de centros públicos y los de los privados. Cuando ERC fue expulsada del Govern y el socialista Joan Manuel del Pozo tomó el relevo de Marta Cid la cosa no cambió sustancialmente.

La sexta hora ha empezado a aplicarse este curso en todas las poblaciones catalanas con más de 10.000 habitantes, y también en las escuelas situadas en municipios menores que han querido acogerse a la medida. Sin embargo, desde la oposición se ha criticado la «falta de previsión» en la aplicación de la medida.

La portavoz de Enseñanza del PP en Cataluña, Carina Mejías, criticó al inicio del curso que «los listados de profesores interinos» se habían agotado por la aplicación de la sexta hora, y también arremetió contra el número de barracones que harán las funciones de aulas en el curso 2006 – 2007, un verdadero lunar en el expediente del tripartito, que había aprovado un «plan de choque» para acabar con ellos. Según denunció el PP, este año hay «más barracones que nunca: hay 34 más que el curso pasado, y 20.000 alumnos escolarizados en ellos, lo que implica una calidad educativa muy deficitaria».

Tampoco está de acuerdo el partido conservador en el aumento del número de plazas de las guarderías, un verdadero problema que se deja notar especialmente en la ciudad de Barcelona. «De las 30.000 plazas de guardería que se comprometieron a realizar, después de tres años de tripartito sólo hay 7.000 construidas», añadió Mejías.

La gestión de los republicanos ha provocado que el sector educativo esté acometiendo ya una de las etapas de más cambios de su historia.Durante este curso, ya bajo la batuta de Del Pozo, se han incorporado a la escuela pública un total de 5.200 maestros para hacer frente a la ampliación de una hora diaria en los colegios, que acabará afectando al 80% de los alumnos. El Pacte Nacional per l’Educació busca también poner la primera piedra de un nuevo servicio público que acerque progresivamente la red privada y concertada, muy mimada por los gobiernos de CiU, y la pública.

Durante los 23 años de gestión convergente, la escuela, progresivamente, se había dejado cada vez más en manos privadas, hasta el punto de que, en el año 2003 y según los datos oficiales publicados, el gasto público en educación en Cataluña estaba por debajo de las medias tanto de Europa como de España. Con la llegada del tripartito, se ha aumentado de manera sensible el presupuesto dedicado al sistema de enseñanza – un 14% – , con el objetivo de acercar ambas esferas.

Para profundizar en este acercamiento, el Pacte suscrito por Cid con casi todos los agentes implicados en el sistema educativo propone a los centros concertados obtener más recursos a cambio de que acepten dejar de cobrar cuotas a algunas familias y escolaricen a más alumnos inmigrantes. Porque ese es el otro gran reto de la escuela – catalana, española y europea – para los próximos años: los centros catalanes están viviendo una llegada masiva de niños extracomunitarios, y de hijos de inmigrantes. En el curso que empezó el mes pasado, 120.850 niños extranjeros comenzaron su andadura en las escuelas catalanas, un 11,7% de los 1.103.375 alumnos totales. La cifra se ha multiplicado por seis desde el año 2000.

Una de las medidas que la Administración ha tomado para encauzar esta nueva realidad son las aulas de acogida. En teoría, deben servir como un instrumento que las escuelas catalanas con un mayor número de inmigrantes ponen a disposición de los recién llegados para facilitar su más rápida y mejor integración en Cataluña. Sin embargo, diversas asociaciones acusan a la Generalitat de convertirlas en «correccionales lingüísticos», y de utilizarlas como un elemento de «extranjerización» de los escolares que proceden de algún punto del resto de España.

Los documentos de la Generalitat definen las aulas de acogida como «un punto de referencia y un marco de trabajo abierto con una constante interacción con la dinámica del centro, que permita una atención emocional y curricular personalizada y un aprendizaje intensivo de la lengua catalana». Creadas en 2004, han sido destinadas a acoger a los niños que lleven menos de dos años residiendo en Cataluña.

Eso incluye, según Francisco Caja, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, a los españoles que cambian su lugar de residencia a Cataluña, que comparten aula con niños que también tengan conocimientos de castellano, pero no de catalán (suramericanos, por ejemplo), y con los que carecen de conocimientos lingüísticos en las dos lenguas oficiales de la comunidad (europeos, magrebíes, asiáticos y prácticamente todos los demás).

En su opinión, las aulas de acogida se limitan a sustituir «durante dos años» materias como Matemáticas, Ciencias Sociales o Lengua Española por cursos intensivos de catalán, pese a que la Generalitat recomienda que «ningún alumno permanezca todas las horas lectivas» de su jornada escolar en este tipo de aulas.

Según el presidente de Convivencia Cívica Catalana, la práctica de la Generalitat entra en colisión con su propia Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que no se puede separar a los estudiantes en diferentes aulas. El Gobierno catalán, sin embargo, las contempla como «un espacio donde el alumnado interactúa con el resto del alumnado del grupo de clase para facilitar su socialización».

Sin embargo, no son éstas las únicas críticas que se le hacen a la Generalitat en materia idiomática. La llegada de ERC al Departamento de Educació se vio marcada por la aplicación inflexible de la Ley de Política Lingüística de 1998, que colocaba al catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.

Fue inflexible excepto en el famoso artículo 21.2, que dice que «los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea esta el catalán o el castellano» y que «la Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios para hacerlo efectivo». Como este precepto colisiona con la condición del catalán de lengua vehicular, cada curso se repiten enfrentamientos entre la Generalitat y algunos padres, que defienden el derecho de sus hijos a recibir la primera enseñanza en castellano.

Diferentes tribunales han reiterado a la Generalitat que una manera de hacer cumplir la ley sería introducir en los impresos de preinscripción escolares una casilla en la que se pregunte a los padres en qué lengua quieren que se eduque a sus hijos, pero la Administración se ha negado históricamente a aceptar esa modificación, porque, en opinión de todos los gobiernos catalanes que ha habido hasta la fecha, eso supondría «segregar a los alumnos en las aulas por razones lingüísticas».