EFE
París (Francia)

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, prometió hoy sanciones “inmediatas y ejemplares” contra los autores de disturbios en los barrios conflictivos, donde crece la tensión en víspera del primer aniversario de la ola de disturbios que azotó a decenas de ‘guetos’ urbanos de Francia hace un año.

“No podemos aceptar lo inaceptable”, afirmó el jefe del Gobierno conservador en su XVI rueda de prensa mensual, un encuentro que tuvo lugar en un barrio de la periferia de la capital, Cergy-Pontoise, donde anunció medidas en materia de educación para reformar la orientación escolar y preparar mejor la inserción profesional.

Unas horas antes de que Villepin rechazara con fuerza que haya “zonas de no derecho e impunidad”, dos autobuses habían sido asaltados e incendiados por dos grupos de encapuchados, varios de ellos armados con armas cortas, en dos barrios de las afueras de París, Bagnolet y Nanterre, sin que hubiera heridos.

En Athis-Mons, también durante la noche, tres jóvenes arrojaron un coctel Molotov en un autobús después de hacer bajar a los viajeros. El conductor consiguió apagar las llamas rápidamente.

Y, en un gueto urbano cerca de Lyon (sureste) que figuraba entre las decenas de barrios conflictivos azotados por los disturbios de hace un año, un autocar vacío fue pasto de las llamas.

También el miércoles por la tarde decenas de jóvenes apedrearon coches privados y de la policía cerca de la Grande Borne en Grigny (afueras de París), en una aparente represalia por el procesamiento de dos jóvenes, de 18 y 13 años, por haber incendiado un autobús allí el pasado domingo.

La empresa del transporte urbano indicó hoy que prevé desviar las rutas de ciertos autobuses para que eviten las zonas conflictivas, después de que anoche se interrumpiera el servicio en 17 líneas.

La quema de autobuses sigue a las repetidas emboscadas tendidas por jóvenes a policías en guetos urbanos de la región parisiense en las últimas semanas a medida que se acercaba el aniversario del estallido de las revueltas de 2005.

Los servicios de información de la policía advirtieron hace poco de que la situación es explosiva, especialmente en la periferia de París, y que persisten muchas de las condiciones que llevaron a la ola de violencia que se extendió a casi 300 guetos urbanos en 2005 y llevó al Gobierno a decretar el estado de emergencia.

El detonante de aquella ola de disturbios en barrios caracterizados por el desempleo, la delincuencia y la concentración de inmigrantes de varias generaciones fue la muerte accidental en Clichy-sous-Bois de dos jóvenes que, para huir de la policía, se refugiaron en un transformador eléctrico.

Preguntado hoy sobre si teme el contagio de los incidentes en la región de París a otros barrios, como hace un año, Villepin aseguró: “Nuestra vigilancia y compromiso deben ser constantes”.

Lo ocurrido estos días exige “respuestas inmediatas, arrestos. Las habrá” y habrá “sanciones inmediatas y ejemplares”, prometió.

Ante el problema de los barrios, se necesita “una política global responsable: las mismas reglas deben aplicarse a todos”, sentenció.

En materia de seguridad, se requieren una presencia “republicana cotidiana sobre el terreno” para responder a las necesidades y controlar la situación; una policía que detenga a los culpables, y una “policía de investigación” para llevar a cabo las pesquisas necesarias que lleven al arresto de los culpables, explicó.

Señaló que también es preciso trabajar en el terreno educativo y revitalizar la economía y fomentar el empleo de los barrios conflictivos, para lo cual ya se han tomado medidas.

Rechazó las acusaciones de que “no se ha hecho nada para los barrios”. “Esto no puedo aceptarlo”, dijo el primer ministro al citar una serie de medidas ya emprendidas.

Y recalcó que, si bien los problemas no se resolverán “en un día”, su Ejecutivo ha emprendido una “acción de fondo y largo plazo” de la que se empiezan a ver “los primeros efectos”.

Mientras, la oposición socialista en la cámara de los diputados reclamó hoy la creación de una comisión de investigación sobre la situación en los barrios conflictivos para evaluar los medios movilizados por el Estado y diagnosticar su “impacto efectivo”.