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BARCELONA. El Gobierno socialista en funciones respondió ayer a las propuestas de CiU sobre inmigración con una iniciativa consistente en financiar el regreso a sus países de origen a quienes no hayan sabido o querido adaptarse a la realidad catalana. A esta medida, a la que la Generalitat quiere destinar 100.000 euros hasta finales de año, podrán acogerse unas setenta personas.

Así, mientras los nacionalistas pretenden integrar a los inmigrantes a golpe de incentivos – el polémico y según algunos «discriminatorio» carné de puntos – , los socialistas han optado por facilitar el retorno de ese colectivo de extranjeros que se encuentran en situación de exclusión social. Cara y cruz de una misma moneda, la del fenómeno de la inmigración, uno de los ejes principales de los programas electorales de todos los partidos catalanes.

El proyecto presentado ayer por el Ejecutivo autonómico se denomina Previcat (Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde Cataluña) y es fruto de un acuerdo entre la Consejeria de Bienestar y Familia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La medida parte de la experiencia de colaboración en el Programa Estatal de Retorno Voluntario (Previe) que firmaron la Secretaría para la Inmigración y el OIM en octubre del 2003. Con el acuerdo entre la Generalitat y la OIM, Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que dispone de un programa propio para ayudar a los inmigrantes que deseen regresar a su país.

El programa se articula a través de los servicios sociales de los ayuntamientos y otras entidades públicas y privadas, que serán los encargados de emitir un informe donde se describa el caso de cada persona solicitante, y en el que se avala la conveniencia de que éste se beneficie del programa.

El Previcat dota al beneficiario de esta iniciativa de un billete de avión y una ayuda de 50 euros por persona, además de una ayuda a la integración en el país de origen, de 400 euros máximo por adulto y de 150 por menor, de la misma unidad familiar.