NO se anduvo por las ramas. Quería traer a su esposo a España y necesitaba la ‘carta de invitación’ para superar las trabas documentales en la frontera. «Me pidió que firmara para que pudiera entrar su marido, que estaba en Bolivia», asegura Ana, española residente en Málaga (cumplía todos los requisitos), que contrató a la inmigrante para trabajar como empleada del hogar.

«Ella me explicó que teníamos que ir a un notario para firmar la carta y me dijo que conocía a una mujer boliviana que lo había hecho varias veces. La verdad es que no me lo pensé. Le dije directamente que no, porque no me puedo responsabilizar de alguien que no conozco», añade.

La inmigrante insistió, alegando que se lo habían prometido en la anterior casa en la que había estado trabajando. La empleada del hogar le contó que su marido intentó entrar una vez sin la ‘carta de invitación’. Empezaron a hacerle preguntas en el aeropuerto y él confesó que su mujer vivía en España, así que lo retornaron a su país.

Fotos de familia

Según relata Ana, la asistenta que tuvo trabajando en su casa le dijo que antes de viajar los aleccionan para que parezcan auténticos turistas. Tres noches de hotel, sin mucho equipaje y, sobre todo, sin fotos de familia. «Me contó que pillan a muchos porque llevan fotos de familia o cosas así, que no suelen llevarse cuando se va de vacaciones», agrega la empleadora. «Esas cosas se saben por el boca a boca. Se avisan entre ellos antes de partir. Circulan rumores sobre las mejores rutas, los aeropuertos donde hay más o menos controles… ».

Segunda vez

Curiosamente, no ha sido la única vez que le han pedido una ‘carta de invitación’ para un familiar. Aquella asistenta se marchó y en su lugar vino otra joven, también boliviana. «Ella me lo pidió con algo más de timidez. Me dijo que era para su cuñada, que aún no había conseguido entrar en España».

Obtuvo la misma respuesta. «Entiendo su situación, pero yo no puedo comprometerme por alguien a quien no conozco y que no sé lo que va a hacer aquí», apostilla. Esta misma inmigrante le confesó que conocía a compatriotas residentes en España que vendían estos documentos por 100 ó 150 euros.