España encabeza la lista de los países europeos que no hacen sus deberes a la hora de incorporar a su ordenamiento jurídico la directivas comunitarias sobre extranjería y asilo. Los técnicos de Bruselas han reprochado al Gobierno que se haya olvidado de transponer en el último año hasta siete de las más importantes directivas sobre inmigración y refugio, a pesar de que en la mayoría de los casos tenía hasta 24 meses para asumir las normas comunitarias. Las consecuencias ya se dejan notar: centenares de expedientes sobre reagrupaciones familiares, asilos a mujeres y homosexuales y ayudas a inmigrantes víctimas de mafias se han frenado.


La más importante y antigua directiva olvidada es la 2003/86 sobre el derecho a la reagrupación familiar, que España tenía obligación de haber incorporado a su ordenamiento antes del 3 de octubre del año pasado.


Según los especialistas del Consejo General de la Abogacía, la no transposición de esta norma ha limitado «en gran manera las reagrupaciones de inmigrantes».


Particular malestar ha causado también, según juristas de la Comisión Europea, el retraso de España en redactar la nueva Ley Orgánica de Asilo para introducir las mejoras comunitarias de la directiva .