La propuesta del candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, de que los inmigrantes consigan puntos por su catalanidad, que luego puedan canjear por mejores servicios sociales, recibió ayer un generalizado varapalo, no sólo, como era de esperar, por parte de sus adversarios políticos, sino también por parte de muchas asociaciones de inmigrantes, que calificaron la iniciativa de «absurda, discriminatoria y demagógica». Ciertamente, la promesa electoral ha conseguido acaparar la atención, aunque sólo sea porque el candidato convergente ha abierto el debate sobre uno de los temas más serios y espinosos a los que cualquier responsable político ha de enfrentarse, la inmigración, con un frívolo golpe de efecto que redunda en las obsesiones del nacionalismo.

Tras declarar que su propósito es fomentar la integración, lo que Mas propone es justo lo contrario: segregar a los inmigrantes en ciudadanos de primera y segunda en función de su inmersión en la lengua y la cultura catalanas. El candidato de CiU ni siquiera se ha molestado en aclarar cómo piensa medir esa catalanidad. ¿Valdrá con apuntarse a un curso? ¿Se realizarán exámenes periódicos? ¿Qué ventajas en los servicios sociales podrán conseguirse? El colmo del humo electoral es que el candidato ni siquiera especificó si se refería a todos los inmigrantes o sólo a los que tengan permiso de residencia. ¿O acaso podría un sin papeles compensar lo uno con lo otro? Lo que queda en evidencia es que en esta propuesta lo de menos eran los inmigrantes y lo de más la catalanidad. Quienes vienen de fuera a trabajar a nuestro país se integran cuando tienen los mismos derechos y deberes que cualquier cuidadano que cumpla las leyes, y el Estado no ha de inmiscuirse en lo que hacen esas personas con su vida privada, en qué lengua hablan, qué libros leen o a qué espectáculos acuden.

De hecho, si CiU es capaz de proponer semejante carné por puntos, no hay razón alguna para descartar que llegado el momento no estuviera dispuesta a extender su idea más allá de los inmigrantes. Los mismos tests de lengua y cultura estatutaria que la Generalitat de Mas pretende aplicar a ecuatorianos, rumanos o marroquíes bien podrían acabar sirviendo para discriminar entre buenos y malos catalanes, con las consiguientes prebendas en los servicios sociales. Al fin y al cabo, ése es el espíritu del Estatuto en varios de los artículos relativos al conocimiento de la lengua catalana y los empleos públicos.

Poco a poco, CiU, ERC y – caso sorprendente – el PSC han realizado una labor de zapa para hacer calar los presupuestos del nacionalismo identitario y excluyente en la sociedad catalana. Hasta el punto que algunos de sus miembros se sienten ya legitimados para pintar en las sedes del PP, e incluso en las de los socialistas, «No sois catalanes», una etiqueta que en el caso de los populares llega acompañada de amenazas de muerte.