JOSÉ CARLOS GARCÍA/CEUTA
Todos los inmigrantes subsaharianos que son expulsados a Marruecos vuelven a intentar entrar en España. Hasta ahora esta afirmación era sólo producto de la lógica, pero pensar esto es ya algo más que suponer que la entrega a las autoridades marroquíes no pondrá fin al sueño de quienes han hecho un viaje de años y han arriesgado su vida por pisar suelo europeo.

La aseveración tiene ya su base. Es la de los 379 casos que SOS Racismo ha documentado en las fronteras de Ceuta (376) y Melilla (3) y que han sido recogidos en el llamado ‘Informe frontera sur. 1995 – 2006: Diez años de violación de los derechos humanos’. Estos 379 extranjeros fueron expulsados a Marruecos a pesar de que supone una vulneración de la legislación de la extranjería. Los inmigrantes «tienen derecho a una asistencia letrada, a un intérprete y a un médico» y devolverlos de forma irregular significa «negarles» el acceso a estos derechos y a ser puestos a disposición de la comisaría de Policía para que, así, en caso de que lo deseen, puedan solicitar asilo político, tal y como se establece no sólo en la ley si en convenios internacionales suscritos por España, recuerda SOS Racismo. Es decir «se está invisibilizando su acceso al territorio y el reconocimiento de los derechos» que recoge la ley.

De los 379 inmigrantes, hasta 81 fueron deportados por las autoridades marroquíes a Oujda, una ciudad fronteriza con Argelia. Según el informe, «allí fueron abandonados a su suerte, despojados de todas sus pertenencias por los gendarmes marroquíes o los militares argelinos», y en «muchos casos» antes de ser deportados «estuvieron encerrados en prisiones marroquíes en condiciones infrahumanas» (sin comida y hacinados). Pero fuera cual fuera su experiencia, todos los inmigrantes volvieron a la frontera con Ceuta o con Melilla, tras «más de 20 días de marcha». Dentro de este grupo se encontraban dos mujeres, una de las cuales estaba embarazada, lo que no fue óbice para evitar la expulsión, pese a ser contrario tanto a la legislación española como a la marroquí.

De los 379 inmigrantes, 281 utilizaron la frontera terrestre para entrar en alguna de las ciudades autónomas y 98 lo intentó por el mar. Para algunos ni el intento ni la expulsión a Marruecos era algo nuevo. En el caso de 33 era su segunda ocasión, nueve lo habían intentado ya tres veces y uno de ellos había protagonizado un intento de entrada hasta en cinco ocasiones.

El informe denuncia también las torturas y el trato inhumano que en ocasiones reciben los inmigrantes, creando una situación de «total impunidad». La organización ha registrado 179 agresiones, de las cuales en 140 «participó» la Guardia Civil y 29 fueron «originadas» por los agentes marroquíes. En 26 ocasiones se llegaron a utilizar balas de goma para realizar la agresión (en la «mayoría» de los casos con disparos por la espalda) y en nueve ocasiones la víctima fue una mujer, una de las cuales fue violada.

El robo como humillación

«La violencia – señala el informe – es una constante en los casos documentados», pero «un supuesto muy repetido es el despojo casi sistemático de sus pertenencias más básicas e importantes para sobrevivir en el bosque (de Beliones), como el vestido y el calzado». SOS Racismo ha documentado hasta 95 casos en los que los guardias quitaron sus pertenencias y el dinero a los inmigrantes. «Obviamente – continúa SOS Racismo – mediante esta práctica, los agentes de la Guardia civil que lo realizan no buscan apropiarse de sus bienes, sino más bien degradarlos y humillarlos». Pero también ese dinero robado «puede ser utilizado para dar dinero a los gendarmes marroquíes, para que admitan a las personas devueltas irregularmente», apunta SOS Racismo.

La ONG cree que la tortura y el trato degradante «son utilizados como métodos represivos con la voluntad de crear temor y como escarmiento para aquellos que han accedido y han sido devueltos y para aquellos que lo pretendan en un futuro». De hecho, en alguna ocasión algunos extranjeros fueron «abandonados en el bosque para que, en palabras de los guardias civiles, volviesen a contar a sus compañeros lo que había ocurrido».

Además, SOS Racismo denuncia también que el uso excesivo de la fuerza a la hora de interceptar a los inmigrantes les provocó fracturas en las extremidades a 15, pese a lo que fueron expulsados – ilegalmente – sin ser atendidos por un médico.