El Gobierno admitió ayer que no es coherente que España reclame a la Unión Europea la adopción de una política de inmigración común cuando de puertas para adentro persiste el desacuerdo. La vicepresidenta primera lamentó que el PP se muestra reacio a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo sobre esta materia, aunque confió en que al final el principal partido de la oposición revise su postura.

María Teresa Fernández de la Vega explicó que tras la ronda de contactos que mantuvo el pasado miércoles con todos los portavoces parlamentarios para buscar fórmulas que permitan alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración extrajo como conclusión que «no podemos pedir a la Unión europea una política común y no tenerla en España». Por esta razón, dio mucha importancia al acuerdo de mínimos logrado con todos los partidos, incluido el PP, para formar una subcomisión parlamentaria que aborde el tema.

La vicepresidenta rehusó comentar la opinión del líder de la oposición de que limitar el pacto de Estado a una subcomisión en el Congreso es una «tomadura de pelo» y adelantó que el Gobierno «no cerrará nunca la puerta al entendimiento».

«Positivo»

Fernández de la Vega consideró que es «positivo» que el PP acepte participar en la subcomisión, a pesar de las reticencias que ha mostrado para formalizar un pacto en política de extranjería ya que, a su juicio, hay puntos coincidentes entre las tesis gubernamentales y de los demás partidos con las posiciones del partido opositor.

Mientras continúa el rifirrafe político, el director ejecutivo de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), el finlandés Ilkka Laitinen, anunció ayer formalmente la extensión hasta diciembre de la misión de patrullaje en las Islas Canarias, después de llevar a cabo una minuciosa evaluación del Proyecto HERA II, actualmente en marcha, junto a las autoridades españolas. No obstante, quedan por determinar algunos detalles y los recursos que se asignarán al proyecto europeo.