Miles de personas padecen una situación de exclusión social en España. Algunas organizaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH – A), cifran en 600.000 los hombres, mujeres y niños marginados en nuestro país, un número que el Gobierno pretende reducir drásticamente en los próximos años a través del primer plan nacional contra la exclusión social, que el Consejo de Ministros aprobó ayer, y que aglutina actuaciones de las administraciones públicas y ONG.

La Estrategia Nacional para la Protección e Inclusión Social 2006 – 2008, propuesta por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y que será remitida a la Comisión Europea, tiene como objetivo principal la adecuación del crecimiento económico con el bienestar social, asegurando la reducción de las desigualdades y previniendo la aparición o el incremento de personas o grupos excluidos socialmente, y como ejes fundamentales la subida del salario mínimo y de las pensiones más bajas, el crecimiento del empleo en sectores de difícil empleabilidad y la puesta en marcha del Sistema de Dependencia.

Participantes

El plan, calificado de «ambicioso» por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha sido elaborado con la participación de todos los agentes implicados en la lucha contra la exclusión social (ministerios, comunidades autónomas, FEMP, CES, ONG y agentes sociales) y se ha estructurado en torno a los objetivos comunes previamente establecidos para los Estados miembros de la Unión Europea.

Concretamente, los cinco objetivos prioritarios de la estrategia pasan por fomentar el acceso al empleo, promover la participación en el mercado laboral y luchar contra la pobreza y la exclusión social; garantizar recursos económicos mínimos; alcanzar una educación con equidad; apoyar la integración social de los inmigrantes; y garantizar la atención a las personas en situación de dependencia.

Algunas de las actuaciones fijadas para lograr esos objetivos prioritarios se sitúan en el escenario de 2010 en coherencia con la Estrategia de Lisboa revisada y el Programa Nacional de Reformas. En concreto, las principales metas incluidas en el documento son aumentar la tasa de empleo hasta el 66% y la de empleo femenina desde el 48% hasta el 57% en 2010; reducir la tasa de paro juvenil hasta el 18,6% en 2010 e incrementar el Salario Mínimo Interprofesional hasta el nivel de 600 euros/mes en 2008.

Además prevé recuperar progresivamente el poder adquisitivo de las pensiones mínimas, incrementando el 26% en el periodo 2005 – 2008 o reducir el abandono escolar prematuro al 20% en el año 2008 y al 15% en 2010. Asimismo, se pretende una garantía de gratuidad en el segundo ciclo y escolarización del 100% de los niños de 3 a 6 años en 2010, desarrollar el Sistema Nacional de Dependencia entre el 2007 y 2015 atendiendo al 100% de la población valorada como dependiente y garantizando en el año 2007 la atención al 100% de las personas valoradas con gran dependencia y la integración sociolaboral de los inmigrantes.

El esfuerzo presupuestario previsto por todas las administraciones para el desarrollo de la estrategia hasta 2008 es de 56.596.867.692 euros. En esta previsión están incluidas las estimaciones de gasto conocidas de todas las administraciones públicas, puesto que el plan supone un esfuerzo compartido, con la colaboración de los sectores sociales y, especialmente, con las ONG de acción social.