El Gobierno admite que no es coherente que España reclame a la Unión Europea la adopción de una política de inmigración común cuando dentro del país persiste el desacuerdo. La vicepresidenta primera lamentó que el PP se muestre reacio a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo sobre esta materia, aunque confió en que al final el principal partido de la oposición revise su postura.


María Teresa Fernández de la Vega explicó que tras la ronda de contactos que mantuvo el pasado miércoles con todos los portavoces parlamentarios para buscar fórmulas que permitan alcanzar un pacto de Estado sobre inmigración, extrajo como conclusión que no se puede «pedir a la Unión Europea una política común y no tenerla en España». Por esta razón, dio mucha importancia al acuerdo de mínimos logrado con todos los partidos, incluido el PP, para formar una subcomisión parlamentaria que aborde el tema.


La vicepresidenta rehusó comentar tras la reunión del Consejo de Ministros la opinión del líder de la oposición de que limitar el pacto de Estado a una subcomisión en el Congreso es una «tomadura de pelo» y adelantó que el Gobierno «no cerrará nunca la puerta al entendimiento en asuntos de Estado», aunque las posturas iniciales estén distanciadas.


Fernández de la Vega consideró que es «positivo» que el PP acepte participar en la subcomisión, ya que, a su juicio, hay puntos coincidentes entre las tesis gubernamentales y de los demás partidos con las posiciones del partido opositor.


Patrullas frente a las islas


Precisamente, la agencia de coordinación de las fronteras de la Unión Europea (Frontex) decidió ayer prolongar su operación de vigilancia con patrullas marítimas frente a las islas Canarias para prevenir la inmigración clandestina desde África, según anunció un portavoz de la agencia.


Frontex, cuya sede se encuentra en Varsovia, no precisó por el momento durante cuánto tiempo se prolongará la misión multinacional. «Será al menos por algunas semanas», afirmó Michal Parzyszek. «Los sabremos con precisión la próxima semana», añadió.


La operación, bautizada como Hera II y dotada con 3,2 millones de euros, comenzó el 11 de agosto y debía finalizar en breve. España había pedido que se prolongaran las patrullas mixtas, en buques y aviones, entre Senegal y varios países europeos (España, Italia y Portugal), encargadas de interceptar los barcos de inmigrantes clandestinos. Para esta prolongación de las operaciones, Frontex va a recurrir a un avión del Ejército finlandés.


En agosto y septiembre, 2.300 personas fueron desviadas hacia Mauritania y Senegal, de un total de 11.000 que se hicieron a la mar hacia Canarias, añadió.