Madrid – Una media de cuarenta millones de extranjeros visitan España cada
año fascinados el clima y la gastronomía. En la maleta también traen
enfermedades y dolencias que desean curar en un país donde saben que la
sanidad es un derecho al que puede acogerse cualquier ciudadano del mundo.
   La libre circulación de pacientes europeos ha originado el llamado turismo
sanitario, una práctica cada vez más extendida mediante la cual muchos
extranjeros comunitarios llegan a nuestro país con viajes programados para
someterse a terapias e intervenciones quirúrgicas que en sus países de
origen no tienen cobertura y que aquí están económicamente cubiertas.
   Prótesis de cadera o de rodilla, by – pass coronario, intervenciones de
cataratas, cirugías cardíacas o hernias. Éstas son las principales
operaciones a las que recurren aprovechando sus estancias temporales en la
costa española, a lo que hay que añadir el coste farmacéutico. Los
medicamentos gratuitos son un privilegio que no suelen tener en sus
ciudades.
   Ingleses, alemanes, holandeses y franceses son los más
asiduos. Un fenómeno que denuncia el Sindicato de Enfermería Satse, que
hace tiempo que viene detectando numerosos casos de personas que
aparentemente viajan a nuestro país como turistas cuando en realidad lo
hacen para beneficiarse del amplio sistema de salud español.
   Junto a los que vienen a someterse a tratamientos que no están
contempladas en la sanidad de sus países, Satse constata también la
existencia de jubilados extranjeros. Éstos solicitan la residencia en
España y, una vez obtenida, regresan de nuevo a sus hogares para someterse
a una intervención que tiene que pagar nuestro país. La práctica tiene a
la justicia de su parte. Basta recordar una sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en la que condenaba a la Seguridad Social
española a pagar los gastos del tratamiento médico que recibió en Suiza
una ciudadana alemana que residía legalmente en nuestro país.
   La ministra de Sanidad, Elena Salgado, rechaza, sin embargo, la
existencia del turismo sanitario. Pero la negación nada tiene que ver con
la realidad a la que se enfrentan cada día los hospitales de Valencia,
Cataluña, Canarias y Andalucía. Estas regiones llevan años denunciando el
fraude, ya que están habituados a atender a miles de pacientes extranjeros
que cultivan sin problemas el arte de la picaresca. Durante el 2005, los
centros valencianos estiman que atendieron a 70.000 turistas extranjeros.
La consejería de sanidad de esta comunidad asegura que el gasto de atender
a estos pacientes asciende a 84 millones de euros – cada turista atendido
costó una media de 1.500 euros – , de los que sólo recibe cuatro millones a
través del Fondo de Cohesión, un sistema que se basa en una compensación a
nivel estatal entre el número de extranjeros atendidos en centros
sanitarios españoles y el número de españoles atendidos en centros
sanitarios fuera de nuestras fronteras. La complejidad de este sistema,
que actualmente está en fase de reforma, no ha significado hasta la fecha
una compensación real de los gastos en que incurren algunos sistemas
sanitarios, como es el caso de Valencia o Andalucía.
   Durante el
2004, España facturó a otros países de la Unión Europea el coste de la
atención prestada a 182.921 viajeros comunitarios que tenían la tarjeta
sanitaria europea. De estos turistas, que aparentemente enfermaron durante
su estancia en España, casi la mitad fueron atendidos en Valencia 71.000,
32.000 lo fueron en Cataluña, 23.000 en Canarias y 13.000 en Andalucía.
Frente a esto, los turistas españoles atendidos en algún país comunitario
sumaron 53.625.
   El Hospital General Universitario de Alicante tuvo
ingresados el año pasado a 2.416 pacientes extranjeros, lo que supuso un
coste de casi un millón de euros a los que hay que sumar casi trescientos
mil euros más por las 2.390 urgencias atendidas a estos ciudadanos.
   El director de enfermería de este hospital, Miguel Ángel Fernández, autor
de una tesis doctoral sobre los pacientes extranjeros que pasan por el
centro, considera que la cobertura sanitaria española, universal y
gratuita, es sin duda un «atractivo». «Frente a España, los protocolos de
salud de otros países comunitarios son mucho más estrictos y limitados, y
en muchos casos tienen el sistema de copago, como en el caso de las
prótesis, algo que en España es totalmente gratuito». No es de extrañar
por eso que haya turistas que «acudan a urgencias quejándose de una
molestia grave porque saben que los vamos a atender y a operar si es
necesario».
   Fernández, a través de su investigación,
desmitifica que los extranjeros que vienen de países subdesarrollados se
«estén comiendo el sistema sanitario español». «Los inmigrantes africanos
o el colectivo latinoamericano llegan al hospital con patologías leves y
los servicios que más utilizan son los de obstetricia y ginecología. Los
del norte de Europa son mucho más costosos, pues vienen con problemas
graves y crónicos de salud y requieren intervenciones quirúrgicas muy
caras», apunta.
   La prueba de ello es lo que cuesta a la sanidad
valenciana cada uno de los diferentes diagnósticos. Si un parto supone
1.278 euros, un cateterismo cardiaco o la cirugía cardiaca, tratamiento
que se hacen muchos extranjeros mayores, cuesta 7.079 euros y 23.000
euros, respectivamente.
   Desde hace tiempo, la comunidad valenciana
viene reivindicando la necesidad de que el Gobierno central aporte más
recursos para compensar el coste de atender a estos pacientes. A falta de
respuestas, el gobierno de Francisco Camps ha decidido poner en marcha la
Ley de Aseguramiento Sanitario con el fin de «evitar el fraude en el
acceso a las prestaciones médicas y evitar el turismo sanitario».
   La nueva normativa obligará a los pacientes foráneos a identificar su
identidad y la procedencia de sus derechos sanitarios y sólo les ofrecerá
prestaciones médicas cuando éstas estén presentes tanto en el catálogo del
sistema nacional de seguridad de España como en el del país de origen del
turista. En el caso de que no coincidan, se pasará la factura por la
atención, pero la sanidad valenciana no operará al paciente. Con todo
ello, la Generalitat valenciana sabrá el coste exacto y lo reclamará
después al Gobierno o a los países de origen de los pacientes.