Madrid – Los ciudadanos que traten de acceder al país por los pasos
habilitados en el norte de España no se verán en la comprometida situación
de tener que mostrar su documentación a la Policía porque los efectivos
del Cuerpo ya no tendrán que hacer controles en puestos habilitados como
La Junquera, Irún, Le Perthus, Camprodon… Al menos, eso debería ser lo
que ocurriera en la práctica. Entre otras cosas, porque desde ayer es de
obligado cumplimiento para España el reglamento nº562/2006 por el que se
establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por
las fronteras (Código Schengen), que establece que «las fronteras
interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice
inspección fronteriza alguna de las personas, cualquiera que sea su
nacionalidad» (art. 20). Y por si aún quedara alguna duda, otro artículo
sobre inspecciones en el territorio (art. 21) aclara que la Policía podrá
ejercer sus labores, pero «en la medida en que el ejercicio de tales
competencias no tenga un efecto equivalente a las inspecciones
fronterizas» ni se haga en esas zonas.
   Sólo se permitirán
cuando «no tengan como objetivo el control de las fronteras; estén basadas
en información y experiencia policiales de carácter general sobre posibles
amenazas a la seguridad pública y estén destinadas, en particular, a
combatir la delincuencia transfronteriza; cuando se ejecuten de un modo
claramente diferenciado de las inspecciones sistemáticas de personas en
las fronteras exteriores; o cuando se lleven a cabo sirviéndose de
inspecciones aleatorias».
   La prohibición entra en vigor en un
momento en el que los Pirineos se han convertido en uno de los puntos
calientes de la inmigración irregular, sobre todo de rumanos y búlgaros, e
incluso de bolivianos, que viajan hasta Francia para acceder a España por
vía terrestre. La Policía ya alertó hace unos meses de que sólo por el
puesto de La Junquera (Gerona)intentan acceder cada día del orden de 500
inmigrantes rumanos y búlgaros y más de la mitad son devueltos a Francia
sin asistencia letrada porque los viajeros no reúnen los requisitos de
entrada a España. Es decir, o no tienen el pasaporte en regla o bien no
acreditan medios económicos para su estancia en España como turistas, no
cuentan con una reserva hotelera o no disponen de una invitación.
   No hay más que atender a las cifras para darse cuenta de que la Policía
realiza controles sistemáticos. Sólo en 2003 fueron devueltos a Francia
50.000 rumanos y en 2004 un total de 82.289 extranjeros, una cifra similar
a la registrada en 2005.
   Pese a la entrada en vigor de la citada
normativa, de obligado cumplimiento para España y otros 24 Estados, la
situación no ha sufrido cambio alguno en el norte de España. Un portavoz
del Ministerio del Interior manifestó que el reglamento que ahora entra en
vigor «no cambia en nada la situación actual». Representantes del
Sindicato Unificado de Policía (SUP) confirmaron que los controles
sistemáticos se seguían manteniendo ayer en los puestos fronterizos.
«Tampoco Interior ha remitido instrucción alguna sobre cómo actuar a
partir de la entrada en vigor de la normativa europea», dijeron las mismas
fuentes. La Policía ha denunciado en reiteradas ocasiones que los pasos
que unen Francia con España se han convertido en una de las principales
vías de entrada de la inmigración irregular. Un documento interno de la
Comisaría General de Extranjería, del que se hizo eco LA RAZÓN, admitía
que todo el que desea entrar en España por esta vía consigue su objetivo.
«Aunque sea denegada la entrada, los pasadores de personas trasladan a sus
víctimas a las entradas por carretera que acceden a Lérida, Andorra,
Huesca, Navarra y Guipúzcoa. En ningún caso regresan a sus países de
origen, aunque recorran miles de kilómetros».