La entrada en vigor del «Código de Fronteras Schengen» debería dejar
zanjada la controversia acerca de los controles en la frontera
hispano – francesa. Establece una expresa diferenciación entre «fronteras
exteriores», aquellas que separan el territorio de la UE de los Estados no
miembros, y «fronteras interiores», que son las que delimitan los países
de la propia Unión. En estas últimas ya no se trata de entrar en un
«nuevo» territorio, sino de transitar por una zona común en la que las
fronteras interiores unen territorios en lugar de separarlos, como ocurría
hasta ahora.
   En el caso de la frontera española con Francia, el
tránsito de personas debe ser libre puesto que ambos países forman parte
de la Unión y han asumido la construcción territorial europea. Por ello,
resulta inadmisible seguir hablando de «taxis – patera» o
«autobuses – patera». Esto no quiere decir que en el interior del territorio
español no puedan llevarse a cabo operaciones policiales contra personas
que se encuentren en situación irregular, pero siempre sin establecer
«fronteras exteriores» que no existen. Sin embargo, hay ciertos sectores,
particularmente los órganos policiales encargados de la vigilancia y
seguridad de los espacios limítrofes fronterizos, que, quizás por el
desconocimiento del mandato en la normativa europea, se resisten a admitir
que existe un espacio territorial común europeo, que España pertenece a él
y que debe respetar su normativa.
   Para que la reinstauración de los
controles fronterizos generalizados en la frontera interior con Francia
fuera válida sería necesario cumplir tres requisitos: 1) la existencia de
una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública; 2) que se
restablezca el control por un período no superior a 30 días; 3) que se
comunique a los restantes Estados miembros de la Unión y a sus órganos,
indicando los motivos. De ahí que la polémica sobre la ilegalidad de los
controles fronterizos con Francia, en realidad esconde una controversia
sobre el estricto respeto o no de la legalidad europea.
   Quienes
propugnan un control generalizado en las fronteras con Francia, ¿acaso
están propugnando que España deje de ser miembro de la UE, para así poder
actuar con total libertad en materia migratoria y control de fronteras?
   Frente a tales posturas, la Abogacía Española defiende el estricto
respeto del Derecho europeo y de las garantías jurídicas esenciales de
cualquier persona, independientemente de su pertenencia nacional, y aboga
por el reforzamiento de un espacio europeo común sin fronteras interiores,
tal y como el Parlamento y Consejo Europeos han aprobado en el reglamento
que ahora entra en vigor.
   
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Abogado, Presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE